Victoria Rosell, diputada por Podemos en la Legislatura que acabamos de cerrar, y Dolores Galovart, diputada por el PSOE, han solicitado formalmente su reingreso en la carrera judicial, como está estipulado legalmente al no formar parte de los 60 miembros parlamentarios que conforman la Diputación Permanente, el órgano que suple al Congreso de los Diputados entre la disolución de las cámaras y la constitución de una nueva legislatura.
Como diputadas, Rosell como Galovart se encontraban en situación de «servicios especiales», una situación similar a la excedencia pero que, a diferencia de ella, no supone su salida de la carrera judicial sino que les permite reingresar al servicio activo en el mismo puesto que habían dejado cuando optaron por la política.
Las dos exdiputadas tenían tenían diez días -entre el 4 y el 14 de mayo- para formalizar esa petición ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces formado por su presidente, Carlos Lesmes, y los vocales Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán, ya que, de otra forma, hubieran pasado a la situación de excedencia, según el artículo 356f de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Rosell tiene su destino en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y Galovart en el Juzgado de Primera Instancia 12 de Vigo, especializada en Familia.
Sin embargo, hay dos fechas claves en el horizonte: el 23 y el 31 de mayo.
23 DE MAYO
El 23 de mayo es la fecha límite que tienen los partidos políticos para presentar sus candidaturas ante las respectivas Juntas Electorales Provinciales.
En el caso de que Rosell y Galovart volvieran a repetir, la primera como número 1 por Las Palmas por Podemos y la segunda como número 1 del PSOE por Pontevedra -que es lo previsible a día de hoy-, ambas magistradas tienen que dirigir un escrito a la Comisión Permanente del CGPJ comunicando este extremo, como muy tarde el 21 o el 22 de mayo. Esta Comisión, a su vez, tiene que emitir un certificado sellado con su visto bueno, documento que tanto Podemos como el PSOE tendrían que presentar ante las respectivas Juntas Electorales Provinciales. De otra forma, no podrían concurrir a las elecciones.
En el pasado, con otros casos conocidos de jueces que saltaron a la política, la Comisión Permanente ha actuado con gran celeridad dando su autorización simplemente con horas, después de la presentación de los escritos.
Ahora la pelota está en el tejado de la actual Comisión Permanente, que podría autorizar esta semana su reingreso, especificando los días para volver a tomar posesión. Un reingreso que quedaría congelado una vez que llegara a ese órgano la comunicación de que van a concurrir a las próximas elecciones.
El 31 de mayo es la fecha final. Ese día el Boletín Oficial del Estado publicará todas las candidaturas de todos los partidos en las 52 circunscripciones electorales, convirtiéndolo en oficial y definitivo.
Por su parte, Juan Carlos Campo, PSOE (número 3 por Cádiz), Juan Ignacio Zoido, PP (número 1 por Sevilla), y Juan Pedro Yllanes, Podemos (número 1 por Baleares), no han solicitado su reingreso a la carrera judicial por su pertenencia a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, reteniendo su condición de diputados hasta las próximas elecciones. Los tres volverán a repetir previsiblemente en las mismas posiciones.
