«Los jueces reciben hoy a los abogados y a las personas relacionadas con casos que llevan. No es nada extraño. Y tiene una base legal. El punto 14 de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de 2002», según Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
«Dicho esto, estamos hablando de un asunto que está investigándose en el Consejo General del Poder Judicial, para decidir si podría haber responsabilidad disciplinaria», afirma Almenar, refiriéndose a la grabación de la conversación en la que el magistrado Salvador Alba habla con el empresario, investigado por delitos de fraude a la Seguridad Social, Miguel Ángel Ramírez, sobre una causa. La cual tiene relación directa con la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, pareja del periodista Carlos Sosa, con quien Ramírez tiene relaciones económicas.
El magistrado Alba es el autor del informe sobre el que se basó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para admitir una querella del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, contra la también entonces diputada de Podemos por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso.
Almenar ha recordado que, en estos momentos procesales, «no tiene ningún sentido notas o pronunciamientos de los jueces. Hay que dejar que la Justicia haga su trabajo».
En la actualidad hay tres procedimientos en marcha: la querella de Soria contra Rosell, la denuncia de Alba contra Ramírez -presentada el mismo día que se hicieron públicos cortes de la grabación- y las diligencias informativas abiertas sobre el encuentro por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ.
Además, la magistrada que ha sustituido a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción 8, Carla Vallejo, y que recibió la grabación de la conversación y su transcripción de manos del empresario, ha enviado dicho material al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para los efectos oportunos, ya que se trata de algo que afecta a un aforado, como su compañero, Salvador Alba.
