El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el seno del PP de esta ciudad, ha rechazado la petición de archivo planteada por los concejales Alfonso Novo y Beatriz Simón y por tres exasesores.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, todos ellos seguirán teniendo la condición de investigados (imputados según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en esta pieza separada del conocido como caso Imelsa.
El instructor considera prematura la petición de sobreseimiento, solicitud a la que se había opuesto el fiscal, y recuerda que la instrucción no está concluida y que faltan diligencias por practicar.
En su auto, el juez considera conveniente esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia valenciano respecto a los aforados Rita Barberá (exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial) y Miquel Domínguez (exconcejal y diputado autonómico) para evitar pronunciamientos contradictorios.
Asimismo, indica que «pese a lo alegado, la instrucción no está concluida. Al margen de nuevas diligencias que puedan acordarse, está pendiente el análisis por la UCO de dispositivos móviles y documentación intervenida en la sede del grupo municipal, así como la contestación del PP acerca de la normativa o instrucciones de control interno relacionadas con el funcionamiento económico del grupo y la cuenta investigada».
La resolución no es firme y puede ser recurrida en reforma ante el propio Juzgado, o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia.
En esta pieza separada, con 47 personas investigadas (el PP también está imputado como persona jurídica), se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas en vísperas de las elecciones municipales de 2015 por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
En el caso Imelsa se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat), y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano y la de las contrataciones irregulares en Imelsa, con 28 imputados.
En total, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.
