El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha pedido a los fiscales que no culpen a este cuerpo de la imposibilidad de cumplir el mandato legal para calificar antes del 6 de junio la complejidad o no de las causas, una cuestión que este miércoles volverá a ser analizada por el Consejo Fiscal.
Este órgano consultivo presidido por la fiscal general, Consuelo Madrigal, retomará el informe sobre el estado actual de la revisión de todas las causas para determinar si llegan a tiempo de calificarlas como complejas o no complejas, tal y como les obliga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que fija el 6 de junio como plazo límite.
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara Hernández, se ha unido de esta forma a las críticas que ya han hecho sindicatos de los antiguos secretarios judiciales por las manifestaciones vertidas desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
La UPF reconoció la «imposibilidad» de controlar esos plazos, entre otras razones, por «la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia, a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales». Según los letrados, tal afirmación es incorrecta y son los fiscales los que tienen el mandato legal de estudiar cada causa, de acuerdo a la circular 5/2015 de la Fiscalía General .
«Rechazamos enérgicamente las opiniones manifestadas desde la UPF», señala el Colegio de Letrados, que añaden que los representantes del Ministerio Público «no pueden pretender hacerles responsables de los inconvenientes que sufren para cumplir con el mandato legal».
Desde el Colegio, insisten en que «desde los Juzgados y Tribunales hemos colaborado al máximo y conforme a la ley, como escrupulosamente y con eficacia aplicamos». Es más señalan que «a la fiscalía de siempre se les ha notificado todo aquello que les afecta, desde la incoación hasta el archivo, confiando en que en sus dependencias tendrán ordenadamente todas la información necesaria para cumplir con esta obligación de control de plazos que la ley les impone. Sin perjuicio de lo cual se ha colaborado al máximo».
De Lara concluye que los Letrados de la Administración de Justicia «tampoco somos la Fiscalía General de Estado que deba llevar a cabo el impulso de las demandadas que se reclaman, ni tampoco dotamos de medios materiales, en este caso programas informáticos, adecuados para posibilitar este control (según nuestras noticias alguna CA ya ha dotado a las Fiscalías de un herramienta para ello), que como bien saben corresponde a la Administración competente».
