Una asociación provida pedirá 6,5 años de prisión para las activistas de Femen que defendían el aborto

Una asociación provida pedirá 6,5 años de prisión para las activistas de Femen que defendían el aborto

20 / 05 / 2016 05:57

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La Asociación Enraizados en Cristo y en la Sociedad solicita penas de seis años y medio de prisión para cada una de las cinco activistas de Femen que mostraron los pechos en una manifestación contra el aborto celebrada el pasado 17 de noviembre en Madrid para reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo.

El colectivo católico y antiabortista acusa a las miembros de Femen de exhibicionismo, desórdenes públicos, resistencia contra la autoridad y un delito contra los derechos fundamentales y las libertales públicas y reclamará que ingresen en prisión –con una condena que superaría los 30 años de cárcel– en el juicio que se celebrará el próximo miércoles en los Juzgados de Madrid.

En su escrito, relatan que la concentración organizada por Hazte Oir y Derecho a Vivir y que partía desde la Puerta del Sol se vió interrumpida por las cinco mujeres que «se abalanzaron sobre la cabecera de la manifestación, comenzaron a exhibir y lanzar gritos con consignas abortistas e insultos como ‘joderos'» en presencia «de numerosos menores de edad» ante los que también realizaron «gestos obscenos».

EL FISCAL PIDE 9 MESES

Por su parte la Fiscalía, pide nueve meses cárcel para cada una de las activistas y una multa de 1.800 euros por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. Explica que cuando los agentes presentes en la concentración intentaron apartarlas mostraron «un actitud de desprecio» y lanzaron manotazos, codazos y patadas a los policías.

El abogado de las miembros de Femen, Endika Zulueta, ha indicado  que sus clientes pusieron aquel día en peligro su integridad física, y ahora su libertad, «en defensa de un derecho tan básico como es el de las mujeres a decidir sobre su cuerpo».

En su opinión, el juicio servirá para fomentar el debate y la respuesta judicial que, en un Estado democrático, «sólo puede ser absolutoria». EP.

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