En España la tipología de jueces es muy variada. Hay jueces de instrucción, que son los que investigan, jueces sentenciadores, jueces de vigilancia penitenciaria, jueces de incapacidades, jueces de menores…, y también jueces de enlace.
Los jueces de enlace ni sentencian ni investigan, pero su trabajo, callado y discreto, juega un papel fundamental en la lucha contra los grandes desafíos de nuestro tiempo: el terrorismo y el crimen organizado.
Esta figura fue creada en 1996 por la Unión Europea como instrumento esencial para superar las deficiencias de comunicación que tenían los mecanismos de cooperación internacional en los dos campos citados, el crimen organizado y el terrorismo, en el espacio europeo.
Las relaciones personales, y no revelamos ningún secreto, son claves en cualquier actividad de la vida que los seres humanos emprendamos.
Si España solicita a Francia la entrega de algún supuesto terrorista o presunto miembro de un grupo mafioso, o viceversa, tiene que seguir un procedimiento y cumplir unos requisitos establecidos.
Y puede ocurrir que, en esa petición, no se hayan cumplimentado los pasos de la forma apropiada.
El magistrado de enlace español es un autentico acelerante judicial. Juega un papel muy importante cuando eso ocurre, contribuyendo a que la tramitación de la solicitud de cooperación judicial se haga de una forma correcta y rápida.
De hecho, estos magistrados de enlace tienen su oficina física no en la embajada española del país en el que está destinado sino en el propio Ministerio de Justicia del país anfitrión.
Nuestro magistrado de enlace en París, Francia, es Javier Gómez Bermúdez, quien antes fue magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
En Italia tenemos como juez de enlace a Manuel García Castellón, y en el Reino Unido a Miguel Carmona.
Fuera del área europea, tenemos dos magistrados que cumplen esa función de jueces de enlace, y muchas más cometidos.
El primero de ellos, Jorge Carrera, en nuestra embajada en Washington, como consejero de Justicia. Y el segundo, Francisco de Jorge, como consejero de Cooperación Jurídica de nuestra embajada en Casablanca, Marruecos.
Todos ellos son magistrados, pero también podrían ser fiscales, cumpliendo el requisito de poseer cinco años de antigüedad en la carrera.
Cada uno de ellos tiene su equivalente en España.
Un segundo cometido de estos magistrados de enlace, y también igualmente importante, es el de facilitar información a las autoridades del Estado de origen sobre el ordenamiento jurídico y el sistema judicial del Estado de acogida.
Es decir, informan a las autoridades locales de la interpretación de la ley que hacemos en nuestro país.
Algunos autores los han denominado agentes diplomáticos en materia judicial. De hecho, su nombramiento se realiza a propuesta conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia.
Y es cierto que tienen ese estatus diplomático, pero su discreta eficacia está más que contrastada.
Por eso, cuando veamos en la televisión la entrega de un sospechoso terrorista o de un presunto mafioso procedentes de Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos o Estados Unidos podemos tener la seguridad de que detrás está el trabajo callado de nuestros jueces de enlace, que no se ven, pero se sienten.
