El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no expulse la carta en la que el instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, desvela la reunión «clandestina» propuesta por uno de los abogados de la Infanta Cristina, Miquel Roca, al entender que tiene una «extraordinaria defensa» para ejercer su defensa.
El responsable de la Asociación de Usuarios Servicios Bancarios (Ausbanc) ha presentado un recurso contra la decisión de Pedraz de devolver la misiva al juez Castro, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que la vio «instrascendente» para la causa sobre Ausbanc y Manos Limpias.
La defensa de Pineda, que acusa a Pedraz de «infringir el principio de igualdad de armas» entre las partes al no haberle dado traslado de la carta ni de la oposición de la Fiscalía, argumenta que este escrito no puede ser expulsado del procedimiento al tratarse de un «documento» y no una declaración testifical.
Dicho esto, confiere a la revelación de Castro una «extraordinaria importancia» para el ejercicio de su derecho de defensa debido a su «origen y procedencia» al tratarse de un magistrado, lo que «reviste a su contenido de absoluta imparcialidad y prudencia».
«El juez ha instruido una causa de notoria repercusión pública, guardando los hechos que relata en ese documento una presunta conexión con otros hechos que se imputan a mi representado en esta otra causa», dice su abogado, para recordar que Pedraz escuchará a varios testigos entre el 13 y el 17 de junio que guardan relación con esos acontecimientos y a los que esta parte formulará preguntas al respecto.
UNA PROPUESTA «SOSPECHOSA» POR SU «SECRETISMO»
El abogado de Pineda considera que Pedraz ha rechazado el ofrecimiento de Castro de «manera prematura» y se reserva para el futuro la oportunidad de pedir su citación como testigo. Muestra su «discrepancia» con la alegación del fiscal Daniel Campos, que no vio «sospechosa» ni «extraordinaria» la petición de esa entrevista.
A su juicio, una cosa son los contactos que se producen en foros jurídicos como los que organizaba Ausbanc, y otra «muy distinta» es que «un abogado se acerque al despacho de un juez en nombre de otro abogado para proponer una entrevista sobre una causa abierta en un foro absolutamente particular como una finca» en la «más estricta intimidad».
«Lo que en modo alguno puede hacerse es ningunear esa hipótesis con un argumento tan banal como la pretendida ‘normalidad’ de la petición de ese letrado, no considerando siquiera sospechoso la intimidad pretendida –añade–. ¿Qué pensará su señoría si esta defensa, o cualquier otra, le hiciese una propuesta semejante?» , se pregunta.
En este sentido, pone de relieve que nadie ha dudado de la existencia de la propuesta, la cual no puede calificarse de «superflua» al tener una «vital» trascendencia. «Lo que no tendría solución, menoscabando el derecho de defensa, es su expulsión de las actuaciones contra el parecer de un investigado al que inicialmente se le imputan hasta seis figuras delictivas», concluye.
Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.
El juez sospecha que Pineda aprovechó la «cobertura» de la defensa de los consumidores para «coaccionar» a entidades bancarias, alcanzar «acuerdos económicos enmascarados» en contratos publicitarios y conseguir un beneficio «personal» utilizando en su provecho a Manos Limpias.
El dinero recaudado por Ausbanc procedía de «convenios publicitarios» así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ‘ERE’ y Facua. EP.
