La defensa del expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, durante su turno de palabra en el trámite de informes del caso Nóos, ha aseverado que ni el exdirigente autonómico «ni ningún ciudadano español podía imaginar que se estaban desviando fondos públicos» en el momento en que ordenó contratar al Instituto Nóos para la celebración de los denominados Illes Balears Forum.
En su intervención, el abogado José Zaforteza ha rebatido así el delito de malversación que las acusaciones atribuyen a su patrocinado, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel. «Para ello se exige el ánimo de lucro en el momento de contratar, y no fue así», ha subrayado el letrado, recalcando que, de hecho, Nóos fue presentada como una organización sin ánimo de lucro.
Haciendo referencia a otras sentencias dictadas en Baleares y confirmadas por el Tribunal Supremo, el abogado ha abundado en los ex altos cargos políticos condenados hasta el momento por malversación lo han sido tras acreditarse que la contratación en cuestión «no atendía a una finalidad pública, el evento no se realizó o éste tenía en realidad un precio notablemente inferior».
La defensa ha recriminado en esta línea que «parece que libre y alegremente» el exministro ordenó contratar a la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin, pero «no es así: es presidente de una Comunidad Autónoma que vive del turismo, a la que Valencia le estaba ganado la batalla en este sentido» y que, ha incidido, había que promocionar con iniciativas como los Illes Balears Forum.
Es más, ha precisado que la iniciativa de contratar a Nóos no nació de Matas, sino de su entonces director general de Deportes, José Luis ‘Pepote’ Ballester, que en su condición de responsable de este departamento había sido invitado al Valencia Summit, iniciativa que el Instituto había impulsado un año antes en Valencia, y es quien traslada al expresidente «la conveniencia de que aquí se celebrase un evento similar».
Fue tras ello cuando Matas convocó una reunión en el Consolat de Mar -sede de la Presidencia balear-, donde con la presencia de Urdangarin y su exsocio Diego Torres fue expuesta la propuesta de los foros y en la que, ha subrayado, «no sabía nada de la intención» de ambos exsocios.
«Matas dio una orden, una: que se contrate a Urdangarin», ha espetado Zaforteza desvinculando de nuevo a su patrocinado del destino que se dio a los fondos públicos y aseverando que en ningún momento dio la instrucción de pagar a Nóos 400.000 euros que el exduque reclamaba al Ejecutivo autonómico en deudas derivadas de los foros.
OCHO AÑOS INVESTIGADO EN EL CASO PALMA ARENA
Al término de su discurso, el letrado ha recalcado que el exdirigente autonómico lleva ocho años investigado en el marco del caso Palma Arena, sigue sometido a medidas cautelares -tiene retirado el pasaporte*-, le fue registrada su vivienda, tenía un trabajo en el extranjero «del que fue desposeído», ha mostrado una actitud de colaboración con la justicia y ha realizado «un esfuerzo ingente para reparar el daño», circunstancias que, en su opinión, deben ser tenidas en cuenta a la hora de modular la pena a imponerle.
Frente a las penas que solicitan las acusaciones, la defensa reclama que Matas sea condenado a siete meses y medio de cárcel al admitir que éste incurrió en delitos de prevaricación y fraude como autor directo, con la aplicación de las atenuantes de confesión y reparación del daño.
La Fiscalía apunta a la «farsa orquestada» por el expresidente para posibilitar la contratación ‘a dedo’ del Instituto Nóos y beneficiar de este modo a sus responsables con hasta un total de 2,6 millones de euros públicos.
A juicio del Ministerio Público, el papel que ejerció Matas fue decisivo para que el Ejecutivo autonómico destinase de forma fraudulenta 1,2 millones de euros a la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Según el fiscal, los contratos y convenios de colaboración rubricados fueron «fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa y omitiendo intencionadamente el procedimiento administrativo correspondiente». (EP)
