Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres -exsocio de Urangarían- ha acusado al fiscal anticorrupción Pedro Horrach de convertir el juicio del caso Nóos «en una ceremonia para la distracción del vecindario» y ha apuntado a las «disparatadas soflamas» en las que ha basado sus acusaciones durante la vista oral, llegando incluso a aludir a la «torpeza probatoria» por parte del Ministerio Público.
El letrado ha arrancado la exposición de su informe final con duras críticas a la actuación del fiscal, al achacarle el haberse «parapetado en que es garante de la legalidad vigente» y haber sustentado sus acusaciones en un continuo «porque sí».
González Peeters, al inicio de su intervención, ha criticado en esta línea el «defectuoso cumplimiento de la carga de la prueba».
«Todas las acusaciones se han ido al garete», ha espetado el letrado, quien ejerce la defensa tanto de Torres -para quien el Ministerio Público reclama 16 años y medio de cárcel- como de la mujer de éste, Ana María Tejeiro -quien se enfrenta a una petición de dos años-.
Ha reprochado también a las acusaciones su trato diferenciado respecto a determinados testigos. En particular, ha cuestionado la «suavidad del trato» hacia el exalcalde de Madrid y exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que compareció el 12 de mayo.
Según González Peeters, a Ruiz Gallardón «sólo le faltaba llevar escrito en la frente ‘Instituto Nóos’ y aun así seguiría negando toda relación con el Instituto Nóos».
Por otra parte, el letrado ha criticado también que el eurodiputado y exvicesecretario general de Estudios y Programas del PP no fuese imputado y posteriormente acusado en el marco de estas pesquisas pese a haber plasmado su firma en el convenio para la celebración de unos Juegos Europeos (JJEE) que finalmente no se celebraron y por los que el Instituto Nóos percibió 382.203 euros públicos.
«¿Dónde está quien firma el convenio? ¿Por qué no ha sido invitado?», ha incidido el letrado, quien ha preguntado nuevamente por qué no fue encausado durante la instrucción y posteriormente acusado en la vista oral. Del mismo modo se ha pronunciado respecto al exdirector de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) José Salinas. «¿Dónde está?», ha espetado.
La defensa ha manifestado que «si existe alguna clase de responsabilidad por estos hechos» todos ellos «deberían haber sido invitados» como imputados, y no quienes cuyo encausamiento «no se sostiene», en relación a Torres y a su mujer, Ana María Tejeiro.
De hecho, al referirse a esta inculpada, González Peeters ha manifestado que ésta «es la gran olvidada» en la vista oral «a pesar de que se le piden unos cuantos añitos de prisión».
En relación con los JJEE, el convenio fue suscrito el 23 de diciembre de 2005 por Torres, por Víctor Campos en representación de la Generalitat -de la que salieron los fondos- y por González Pons en nombre de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.
En su declaración como testigo ante el juez José Castro, Pons negó que su firma fuera determinante para que Nóos cobrara de la administración valenciana por la organización del evento deportivo.
El acuerdo contemplaba el pago de seis millones de euros en favor de la entidad presidida entonces por Urdangarin, si bien finalmente acabó percibiendo, a través de la Presidencia de la Generalitat, 382.203 euros.
Durante la instrucción de la causa, Torres aportó varios correos que detallan la intervención de González Pons en las negociaciones de los JJEE.
En uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, uno de los empresarios que fueron investigados le explica al exdirectivo de Nóos Antoni Ballabriga que el gasto para acudir a la feria internacional Sportaccord en la que Nóos presentó su proyecto «lo autorizó el vicepresidente, Víctor Campos», mientras que la organización «dependerá directamente del conseller portavoz, Esteban González».
CASA REAL
Por otra parte, González Peeter también ha afirmado que «No se hacía nada sin que se obtuviera la autorización, la habilitación y la bendición de la Casa Real».
«Oiga, ¿de verdad han estado aqui?», ha llegado a inquirir después de que el fiscal Pedro Horrach alegase la pasada semana que no está probado que la Casa Real estuviese al tanto de las actividades del Instituto Nóos.
En este sentido, el letrado ha manifestado que limita a decir «lo que dijeron en su día Diego Torres, el propio Urdangarin, la Infanta Cristina, José Manuel Romero [exasesor de la Casa Real] e incluso Carlos García Revenga [exsecretario personal de las Infantas], que por supuesto que estaban al caso», ha abundado.
«No se podía saber en ningún caso que aquello que se estaba llevando a cabo pudiera tener alguna suerte de atisbo de irregularidad, entre fundadas razones porque la más alta institución de nuestro país estaba al tanto de todo, y se le preguntaba todo», ha remachado.
La defensa de Torres propuso en su día la declaración en el juicio de casi 700 testigos, entre quienes se encontraban el Rey Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía, la Infanta Elena, su exmarido Jaime de Marichalar, Pilar de Borbón y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca, con el objetivo de demostrar cómo la Casa Real estaba al corriente de las actividades del Instituto Nóos.
Torres defendía así que siempre se operó con absoluta transparencia e incidía en que es imposible sostener que, «con el ejército de asesores» con los que cuenta la Casa Real, «que intervenían de manera activa y determinante», pudieran el empresario y su mujer, Ana María Tejeiro, «tener la más leve sospecha de que algo de anómalo pudiera estar llevándose a cabo». EP.
