La oposición pide la dimisión del ministro Fernández Díaz por sus conversaciones sobre los independentistas

JpD denuncia el «profundo desprecio» a las instituciones del ministro del Interior

28 / 06 / 2016 12:33

Actualizado el 12 / 04 / 2022 13:29

Jueces para la Democracia exige que se depuren todas las responsabilidades en el caso de las conversaciones grabadas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, que revelan el «nulo respeto» y «profundo desprecio» a las instituciones democráticas.

A través de un comunicado, la asociación de jueces progresistas destaca que, de ser ciertas las noticias difundidas en los últimos días tras la filtración de las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso en octubre de 2014, se trata de un asunto de «inaceptables presiones «.

Una actitud, que según denuncia Jueces para la Democracia, que revela un «nulo respeto» a las instituciones democráticas por parte del ministro, que tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

«A ninguno de estos fines se atiene el ministro si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia», acusa la asociación.

Además, desde JpD, recuerdan que la Oficina Antifraude Catalunya «es una oficina comisionada dependiente directamente del Parlament de Catalunya, cuyo titular está nombrado por él y ante el que le rinde cuentas, nacida para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como 3%». Por eso, denuncian «la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político».

Por todo, Jueces para la Democracia exige que se investiguen y depuren las responsabilidades de todo orden de todas las personas implicadas en esta trama, y recuerda que cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes,«sin que quepan atajos ilegales».

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