El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ve «muy grave» que desde instituciones representativas como es un partido político o el gobierno de una comunidad autónoma se insinúe que la actuación del poder Judicial y de la Fiscalía en España «esté inspirada» por el Gobierno y cree esas manifestaciones hacen «un flaco favor a la democracia». Algo en lo que también ha incidido la Fiscalía.
Así ha respondido el ministro Catalá tras ser preguntado por los periodistas por la acusación de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) de que le ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya podido utilizar el poder judicial en beneficio propio.
Catalá ha manifestado que esta clase de declaraciones hacen un «gravísimo daño a la legitimidad de las instituciones» y ha asegurado que es «radicalmente falso», ya que, ha explicado, «cualquiera que conozca el funcionamiento de los tribunales sabe que no permitirían la más mínima intromisión por parte del poder Ejecutivo«.
«No sé si quien se expresa de esta manera es porque se comporta así», se ha preguntado el ministro, para después asegurar que desde el Gobierno «se respeta absolutamente la independencia del poder Judicial y no se da ninguna instrucción a ningún juez ni fiscal».
LA FISCALÍA RECHAZA LAS ACUSACIONES
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha negado a través de un comunicado que exista «manipulación política» en la denominada ‘operación Termyca‘, coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado y que investiga el presunto amaño de contratos en ayuntamientos de toda España.
En este sentido la Fiscalía defiende, «ante las manifestaciones realizadas por representantes políticos tratando de arrojar sombras sobre la legalidad de dicha operación», que «el Ministerio Fiscal no admite indicaciones de ningún poder ni su utilización o manipulación política, ni en este ni en ningún otro procedimiento».
Además, la Fiscalía recuerda que la ‘operación Térmyca‘ se llevó a cabo «en el curso de las investigaciones seguidas en el Juzgado de Instrucción no 1 de El Vendrell, como ya informó la Fiscalía Anticorrupción, y se trata de «una pieza separada del procedimiento iniciado en 2013 en relación con el Ayuntamiento de Torredembarra, que tiene origen en denuncias presentadas por un ex alcalde del PSC y una ex concejal de ERC».
Por ello insiste en que «la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus integrantes es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho y corresponde a todos, y especialmente a los representantes políticos, respetarla y preservarla», concluye la Fiscalía General del Estado en el comunicado.
JURADOS VECINALES DE CARMENA
Por otra parte, Catalá, ha destacado este miércoles que los jurados que ha propuesto crear la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para resolver los conflictos vecinales son más «propios» de la Venezuela de Chávez que de la España de hoy en día.
Así lo ha manifestado a la prensa antes de la entrega de medallas conocidas como ‘Raimundas’, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, al mismo tiempo que ha explicado que España y la «Europa democrática» tienen unos sistemas representativos democráticos, cuyo representantes son elegidos por los ciudadanos.
Según Catalá, esta iniciativa de Carmena responde a un «modelo populista de corte bolivariana» que no se adecua a la «cultura jurídica» española, sino a «modelos alternativos que tienen que ver más con la Venezuela de Chávez que con la España de 2016». «Es más propio de otros regímenes a los que no me quiero comparar», ha enfatizado.
Asimismo, ha afirmado que estos jurados serían «experimentos impropios de una sociedad madura y democráticamente avanzada» y –ha añadido– que no aportarán «ninguna calidad» al sistema judicial español.
