El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha reclamado hoy una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), consensuada por «todos los grupos políticos«, que sea «eficaz, rápida y, sobre todo, duradera en el tiempo».
José Ramón Navarro, ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de impartir la ponencia «Corrupción y Justicia» dentro de la segunda semana de la Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán.
Navarro ha indicado que en la actualidad la Justicia «lo que necesita es una nueva organización que sea más eficaz», en la que se determinen «los partidos judiciales y de qué manera se actúa de forma procesal», además de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
Navarro también ha recordado que «la actual es del siglo XIX, está a caballo entre tres siglos y ha sido parcheada en setenta u ochenta ocasiones. Lo que hace falta es que los jueces y los fiscales actúen de forma rápida y, sobre todo, eficaz». Y ha subrayado que tras las múltiples modificaciones que ha sufrido, la actual Lecrim es en algunos puntos “incoherente e inconexa”.
Respecto a la corrupción, el presidente de la Audiencia Nacional afirma que “La corrupción no se puede combatir exclusivamente con el derecho penal, sino que este debe ir precedido y acompañado de medidas preventivas, tanto sociales como legales: transparencia, controles eficaces y mecanismos de dación de cuentas”, ha afirmado el magistrado, quien no obstante ha querido dejar claro que “sí es una herramienta necesaria e incluso imprescindible en la lucha contra los fenómenos de corrupción”.
En este sentido, Navarro, ha concluido que “el incremento de las penas no es la solución para luchar contra la corrupción”. Ha destacado la “importancia en la rapidez con que llega la sanción” y el ser capaces de “transmitir la certeza de que los corruptos no van a poder eludir la acción de la justicia”.
«Hace falta un cuerpo único que permite que los jueces, tribunales y fiscales actúen de una forma rápida y eficaz», ha reclamado el presidente de la Audiencia Nacional, que reconoce que la justicia llega tarde a ciertos delitos como los de corrupción.
