Imagen de una de las sedes centrales de Vitaldent, en Madrid. Foto: EP
El ‘Caso Vitaldent’ será instruido en la Audiencia Nacional
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21/7/2016 17:02
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Actualizado: 21/7/2016 17:05
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La Audiencia Nacional será finalmente quien investigue el caso Vitaldent después de que la Sala de lo Penal haya decidido que sea el juez Eloy Velasco quien se quede con su instrucción, al entender que se trata de una causa muy compleja que afecta a muchas regiones españoles, lo que hace necesario centralizarla.
En la causa de investiga al presidente de la cadena de salud dental y a otros miembros de la cúpula directiva por delito continuado de blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial, entre otros.
Este caso lo investiga actualmente un juzgado de Majadahonda (Madrid), que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al entender que es este tribunal el que debía instruirlo, aunque el juez Eloy Velasco rechazó esa competencia.
Sin embargo, ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal devuelve la investigación al juez Velasco.
El auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal hace suyos los razonamientos del Ministerio Fiscal y admite que tiene que ser este órgano judicial el que se encargue del caso «teniendo en cuenta la trascendencia económica» y que los hechos revisten de una «gran complejidad». «No ya por el volumen y cuantías de que se trata, sino principalmente por el elevado número de franquiciados que participan en la operativa», reza el escrito.
Además, añade que el hecho de que los franquiciados estén diseminados por todo el territorio nacional «hace necesario mantener una unidad en la instrucción, por razones de economía procesal y también en aras a la verdadera eficacia en la investigación y para evitar de dilaciones indebidas». La instrucción de la causa es, por tanto, «sumamente dificultosa» para varios juzgados de competencia territorial ordinaria.
El pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), María Isabel Serrano, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad del caso, dado que en su opinión, la cúpula de la franquicia dental diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
La Audiencia Nacional por su parte rechazó en un auto asumir la causa al considerar que era «obvio» que una actuación presuntamente considerada como un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales de estas características, «no tiene la entidad y significación suficiente» para perturbar la confianza en el tráfico mercantil o alterar el desarrollo de la economía nacional.
DINERO EN ‘B’ NO DECLARADO
La Sala de lo Penal estima que se centralice la instrucción en los Juzgados de la Audiencia Nacional porque entiende también que los presuntos hechos delictivos de los que se les acusa a la cúpula de Vitaldent no se realizaron solo en el año 2013 sino desde 2009 y en concreto en más de 170 clínicas repartidas por toda España más múltiples clínicas dirigidas por testaferros.
El auto recoge el escrito de recurso planteado por el Ministerio Público según el cual indica que los hechos mencionados pudieran ser constitutivos de organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública y precisa que presuntamente intervienen varios conjuntos de sociedades en las que «cada una de ellas juega un rol específico dentro de un operativo complejo».
Según las investigaciones, el fraude de estas clínicas consistió en que un grupo de personas, entre ellas el propietario de Vitaldent, diseñaron «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda», de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.
Advierte a su vez de que esta trama organizada «lleva operando con gran estabilidad y permanencia en el tiempo» y lo hace no solo en España sino también en países como Holanda, Suiza y Luxemburgo, realizando «operaciones ficticias y la introducción en el circuito legal de los beneficios obtenidos con su actividad ilícita», por la que llegaron a defraudar unos 10 millones de euros.
Además concreta que en el sector de las clínicas propias gestionadas por ‘Opendent’ obtiene cantidades de dinero en ‘b’ no declaradas. La Fiscalía señala además que se puso en marcha un complejo operativo que culminó con el envío de dinero al exterior, con baja tributación y posterior traspaso de dinero a cuentas personales mediante operaciones ficticias con la utilización de sociedades radicadas en España y fuera de ella. (CONFILEGAL/EP)
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