Es la segunda vez que esto ocurre en los últimos seis meses. La juez María Núñez Bolaños ha vuelto a incorporar al caso de los ERE fraudulentos hasta 31 documentos que han sido localizados «en lugar no clasificado» de las dependencias del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y sin fecha de registro de entrada, en un ejercicio claro de serendipia, que es cuando se descubre algo, de forma inesperada, cuando se está buscando otra cosa distinta.
Entre la documentación se hallan atestados policiales y oficios remitidos por el Tribunal Supremo, el Congreso y el Senado en relación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero José Antonio Viera en los que «no consta fecha de registro de entrada» en el Juzgado.
En una providencia fechada el 21 de julio, la magistrada toma esta decisión después de que la letrada de la Administración de Justicia (anteriormente secretaria judicial) dictara una diligencia en la misma fecha para «hacer constar» que «se encuentra en lugar no clasificado en las dependencias de este Juzgado la documentación» mencionada, y que corresponde a la etapa en la que Mercedes Alaya era la titular del Juzgado.
El pasado 24 de febrero, la secretaria judicial ya dictó una diligencia en la que daba cuenta de que había localizado en las dependencias judiciales distinta documentación vinculada al caso de los ERE fraudulentos «con oficio de remisión» del año 2013 pero «sin fecha de entrada».
En esta ocasión destacan también distintos oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, documentación recibida en la Fiscalía procedente del Defensor del Pueblo «relativa a hechos que pudieran ser conexos», e incluso unas diligencias previas del año 2012 procedentes del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla e iniciadas tras una denuncia del empresario de la Sierra Norte y exconcejal socialista José Enrique Rosendo -fallecido en enero-.
Entre la documentación, también hay un oficio original de la Seguridad Social en relación a la información solicitada de la entidad San Goy Sociedad Civil; documentación aportada por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a Juzgados y Fiscalía; un estudio de viabilidad de Aglomerados Morell que «no consta unido a la pieza separada de empresa», o un oficio de la UCO haciendo entrega de documentación de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la empresa Mina de Aguas Teñidas.
Asimismo, también ha sido localizada documentación de Mercasevilla compuesta por originales del escrito presentado por el que fuera presidente de Mercasevilla y actual concejal del PP Gregorio Serrano de fecha 24 de enero de 2012, y documentación de la Agencia Tributaria sobre los servicios facturados por Juan Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y sobre los ingresos declarados por Surcolor.
Igualmente, entre esta documentación se encuentra la vida laboral del propio Juan Francisco Trujillo remitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o un oficio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con la Faja Pirítica «donde se pone de manifiesto que no tiene constancia de la existencia del Plan Único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza».
INFORMACIÓN DE 2010
También destaca documentación de la Junta correspondiente a la inscripción de la asociación denominada ‘Grupo Mineralogista Onubense Faja Pirítica’ y remitida en virtud de requerimiento de diez de noviembre de 2011; escritos presentados por abogados de imputados en la causa, o un oficio de la Guardia Civil «dando cuenta del traslado de documentación a instalaciones adecuadas para su custodia».
Igualmente, hay un oficio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas designando a una funcionaria como perito, «si bien no consta que dicha funcionaria tomara posesión de su cargo», o distintos poderes originales otorgados para representación a procuradores de los años 2010, 2011 y 2012.
Del mismo modo, destaca una carpeta con un atestado de la Policía Nacional sobre Hitemasa y con un oficio donde se adjunta una copia del informe emitido por la Comisión de la Banca Nacional Belga sobre la aseguradora Apra Leven «en idioma extranjero», o una segunda carpeta con distintos oficios de la Policía, entre ellos uno «donde se informa de la documentación remitida en virtud de lo ordenado en oficio de 20 de junio de 2011 por el que se releva a la Unidad de Policía Judicial de la investigación en el asunto de referencia».
En esta misma carpeta, figura un atestado de la Policía Nacional relativo al ERE de Bonpunt SAU y Germans SAU y otro sobre el ERE de Dhul, resaltando la secretaria judicial que «en ninguna de las carpetas que se relacionan consta fecha de registro de entrada de este Juzgado». EP.
