La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha remitido un acuerdo suscrito por ella a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informando que José Ignacio Vilaplana, juez de Adscripción Territorial (jAT) en funciones de refuerzo, asumiría las competencias de instrucción del centenar de macrocausas pendientes, lo que hasta ahora era responsabilidad de la magistrada.
Ella, a su vez, se encargará del funcionamiento ordinario del órgano judicial.
A la Sala de Gobierno del TSJA le corresponde hoy aprobarlo.
Actualmente, el citado Juzgado de Instrucción está desdoblado en dos, con un magistrado en cada uno, un secretario judicial y sus correspondientes funcionarios.
Es el juzgado de España con más macrocausas. Entre ellas se encuentran la de las ayudas concedidas en el caso ERE, los cursos de formación, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, los avales y las transferencias de la Agencia IDEA, entre otros.
La decisión de la magistrada, según ha podido saber Confilegal, se ha producido tras el fuerte enfrentamiento con los fiscales anticorrupción asignados a dichos casos a lo largo de los últimos años.
Eso le ha producido un fuerte desgaste personal que ha afectado a su salud, por lo que la magistrada se ha visto obligada a permanecer de baja médica.
Dicho enfrentamiento, en defensa de su independencia como juez, llegó a su cenit en julio de 2109, cuando de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó una denuncia contra Núñez Bolaños ante el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial.
Le acusó de un supuesto retraso injustificado en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, del caso Avales y el caso IDEA.
A consecuencia de la denuncia, el Servicio de Inspección del CGPJ envió, durante dos semanas, un equipo formado por dos magistrados y dos letrados de la Administración de Justicia que pusieron, literalmente, «patas arriba» el Juzgado para concretar si tenía base.
NÚÑEZ BOLAÑOS NO INCURRIÓ EN RETRASOS: LA INSTRUCCIÓN FUE CORRECTA, ÁGIL Y ORDENADA
El resultado de aquella inspección fue categórico: “El informe realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ considera que el control de la magistrada sobre procedimientos ordinarios y macrocausas ha sido eficaz y exhaustivo y que la instrucción se ha llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de Agendas”, dice una de las seis conclusiones que cerraban este informe exhaustivo de más de 350 páginas y que supuso el archivo del expediente disciplinario abierto a la magistrada el mes de julio.
La denuncia de Luzón no tenía base.
La Comisión Permanente ratificó, la pasada semana, el archivo de las diligencias informativas votando mayoritariamente el archivo propuesto por el pAD Ricardo Conde.
Hubo dos votos disidentes, el de la abogada del Estado Nuria Díaz Abad y el del magistrado José Antonio Ballestero, que consideraron que hubiera sido más adecuada otra metodología, haciendo un análisis de conjunto del funcionamiento del Juzgado.
Sea como fuere, la magistrada Núñez Bolaños con el acuerdo de archivo del pAD, refrendado por el de la Comisión Permanente, ha visto limpiada su reputación profesional frente a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción que, a partir de ahora –si la Sala de Gobierno del TSJA ratifica el acuerdo de la magistrada– tendrán que trabajar con el jAT Vilaplana.
