CGPJ: ¿El principio del final de una era?
Consuelo Madrigal, Carlos Lesmes, Felipe VI, Rafael Catalá y Ángel Juanes en la apertura de tribunales del pasado año.

CGPJ: ¿El principio del final de una era?

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01/9/2016 07:59
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Actualizado: 31/8/2016 23:48
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El próximo 6 de septiembre, a las 12 de la mañana, se celebrará el acto oficial de apertura de tribunales en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, que marcará un nuevo principio de curso judicial. Un acto que estará presidido por el Rey, como viene siendo tradición desde 1980, cuando nació el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

En la mente de los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo estará muy presente el acuerdo firmado por el Partido Popular y por Ciudadanos, que supone volver a poner en la casilla de salida al CGPJ.

Porque, de fraguarse el gobierno que pretende Mariano Rajoy, supondrá que en diciembre de 2018, cuando se acabe el mandato del actual Consejo, los 12 vocales de procedencia judicial serán elegidos por sus iguales. Por un sistema de elección directa, todavía por definir.

Será una decisión histórica que, sin duda, marcará un antes y un después en la historia de la Justicia española en democracia; el comienzo de la recuperación del prestigio del CGPJ.

Los partidos políticos dejarán de «meter cuchara» en la composición de los vocales judiciales, en línea con lo que recomienda el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Por qué es esto tan importante? Porque el Pleno del CGPJ, compuesto por estos 12 vocales judiciales, los 8 vocales juristas de reconocido prestigio -abogados, letrados de la Administración de Justicia, catedráticos de universidad…- y su presidente -el actual es Carlos Lesmes– tienen la potestad de elegir a los 5 presidentes de Sala y a todos los magistrados del Supremo, a los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a los magistrados de esos órganos judiciales, y a los 50 presidentes de Audiencias Provinciales.

Es decir, a la cúpula decisoria de la Justicia.

Si los 20 vocales son elegidos por los partidos políticos, como ocurre ahora, y estos partidos se reparten por cuotas a los miembros del CGPJ, lo que se produce es una traslación de la composición de las fuerzas políticas en el Parlamento al Pleno del CGPJ.

Ese hecho es el que «contamina» la credibilidad del órgano de gobierno de los jueces.

Una «contaminación» que se transfiere a los nombramientos que realiza, poniendo en tela de juicio la independencia de los elegidos a la hora de enjuiciar casos de perfil mediático.

Eso es lo que percibe la ciudadanía. En eso consiste la «politización de la justicia».

NO ES SU ÓRGANO DE GOBIERNO

Son muchos los jueces y magistrados que no ven al CGPJ como «su» órgano de gobierno. No se identifican con él por esa misma razón.

Y te lo cuentan abiertamente cuando, siguiendo el consejo de Oscar Wilde -«dale a una persona una máscara y te contará la verdad»-, se lo preguntas «en secreto de confesión»; muchos jueces también le tienen miedo.

Tan simple y tan claro.

En el pacto que habían firmado PSOE y Ciudadanos el pasado mes de febrero también figuraba de forma específica «asegurar el mérito y la capacidad en los nombramientos judiciales».

Dicho de otra forma, que no se realizaran por componendas políticas.

Las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-, que representan a la mitad de la carrera judicial, han celebrado públicamente la noticia afirmando que va en la buena dirección.

La otra mitad de la carrera, como ha podido constatar Confilegal en conversaciones con jueces no asociados, comparten esa misma sensación.

Hay esperanza.

La enmienda Bandrés -llamada así porque su autor fue el entonces diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Juan Mari Bandrés, con el apoyo de los 202 diputados del PSOE- acabó en 1985 con la elección directa, por parte de los jueces y magistrados en ejercicio, de sus 12 vocales judiciales.

Y el Tribunal Constitucional lo sancionó positivamente después.

Desde ese año, cada uno de los CGPJ han sido elegidos directamente por el Parlamento.

31 años después «el invento» ya no da más de sí.

Curiosamente, el «caso español» fue estudiado, en su momento, por el Consejo Superior de la Magistratura de Italia, y por el parlamento de ese país. Pero se descartó la adopción de la elección parlamentaria de los 16 vocales de procedencia judicial porque, consideraron, que se contaminarían políticamente.

No se equivocaron.

Por eso, el acto de apertura de tribunales del próximo martes tendrá un tinte histórico, sin duda alguna. ¿Será el principio del fin de esta era? Si consigue fraguarse el acuerdo, sin duda.

Junto al Rey Felipe VI se sentará el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que ha hecho regresar al PP a sus planteamientos de su programa de 2011, cuando todavía imperaba la cordura.

Antes de que su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón decidiera «castigar» a los vocales del CGPJ anterior -y a la carrera judicial, en su conjunto- por su desafección al presidente Carlos Dívar en un momento en que España estaba al borde del rescate económico.

En vez de avanzar en lo que se pretende ahora, el PP lo hizo en la dirección opuesta, imponiendo con su rodillo de 187 diputados la elección pura y simple de los 20 vocales en el Congreso y en el Senado.

El péndulo, ahora, parece ir en la otra dirección.

Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Sin embargo, nuestros políticos deberían aprender que legislar «en caliente», de forma vehemente, como se hizo en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puede tener este tipo de consecuencias; que el tiro salga por la culata.

Ya se sabe, no hay como tocar fondo, para cambiar.

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