La diputada nacional del PSOE por Cantabria, María del Puerto Gallego, ha comunicado esta tarde a la dirección del partido su decisión de «dimitir de forma inmediata» como diputada en el Congreso tras conocer su situación de investigada en el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación continuada cuando era alcaldesa de Santoña.
Gallego ha informado sobre esta decisión tras conocer, «a través de los medios de comunicación», que está siendo investigada por el Tribunal Supremo por unos hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Santoña cuando ocupaba la alcaldía entre los años 2003 y 2009, ha recordado el PSC-PSOE en un comunicado.
La exalcaldesa de Santoña ha señalado que con esta decisión da «cumplimiento» a su «compromiso público de no esperar ni un minuto» para presentar su dimisión y entregar su acta como diputada en el Congreso si finalmente se confirmaba la condición de investigada.
La diputada por Cantabria ha señalado que está siendo investigada por un supuesto «error administrativo» del que se considera «totalmente inocente«, pero «en ningún caso por haberme enriquecido personalmente ni haber enriquecido a terceras personas», añade.
Gallego se ha mostrado «sorprendida por la forma» en la que ha tenido conocimiento del auto, y se ha ratificado en su «determinación de cumplir con la palabra dada».
«Espero demostrar mi inocencia en una acusación que no se enmarca en ningún comportamiento corrupto. Voy a dimitir como diputada porque no deseo ensombrecer, en ningún caso, la determinación expresada por todos los socialistas de promover la regeneración y la limpieza democrática en España», ha concluido la parlamentaria del PSOE.
INDICIOS INCRIMINATORIOS
El Juzgado número 2 de Santoña envió al Tribunal Supremo una exposición razonada que apuntaba la existencia de indicios incriminatorios contra la diputada, por la adjudicación de determinados servicios a empresas cuando era alcaldesa de Santoña, entre los años 2003 y 2009.
Relataba cómo en el citado Ayuntamiento, entre 2003 y 2009, periodo en que ostentó la alcaldía Puerto Gallego, “habría sido habitual la adjudicación a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando se superaba la cuantía para la contratación menor y la no utilización del procedimiento abierto, firmando las facturas que se sometían a su pago”.
En un auto, dado a conocer este viernes, el Tribunal Supremo ha asumido ese caso al ser diputada la exalcaldesa y, por tanto, aforada, y ha nombrado al magistrado Pablo Llarena instructor del asunto, mientras que ha ordenado que el resto del sumario siga en el Juzgado donde se investigará todo lo que no sea referido a Puerto Gallego.
