El profesor Manuel Sánchez de Diego es uno de los impulsores de este Congreso Internacional sobre Transparencia que se celebrará en Madrid.
Manuel Sánchez de Diego: «La transparencia de lo público es un elemento esencial de la nueva democracia»
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12/9/2016 07:58
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Actualizado: 12/9/2016 11:14
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«La Ley de Transparencia española es insatisfactoria y un día habrá que reformarla. Se quedó corta, pero va en el buen camino». Manuel Sánchez de Diego, profesor titular del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, prefiere ver la botella medio llena.
«Lo que pasa es que esa ley tiene una gran virtud porque abre la puerta a la transparencia que, antes se había abierto, limitadamente, en medio ambiente y en temas de reutilización de la información pública. Abre la puerta para que la gente se crea de verdad lo de la transparencia», afirma con rotundidad.
Sánchez de Diego es uno de los organizadores del Congreso Internacional de Transparencia que se celebrará, entre el 28 y el 30 de septiembre próximos en la Complutense.
«Nuestro objetivo es crear un espacio de encuentro para que gentes de los diferentes continentes hablen sobre la transparencia, sobre qué se está haciendo en este campo en el mundo, sobre aplicaciones informáticas, por ejemplo, sobre identificación de personas en la red, sobre buscadores que no dejan rastro, sobre ciberseguidad, sobre instrumentos tecnológicos para la transparencia cómo superar los obstáculos para acceder a la información», explica Sánchez de Diego.
Un Congreso que se estructura en conferencias, mesas redondas y grupos de trabajo y que echará a andar con un prólogo de gran importancia, la mañana miércoles 28, día internacional del derecho a saber, de la transparencia: la presentación de un Manifiesto Pro Transparencia.
¿Cuál es el gran reto, a día de hoy, en materia de transparencia?
Es hacer que la transparencia sea una realidad. Porque la transparencia de lo público es un elemento esencial en la nueva democracia. La tecnología nos permite tener acceso en tiempo real a la información que tienen los poderes públicos, lo que ha cambiado el concepto y la relación que se tiene entre gobernantes, funcionarios y ciudadanos.
Tiene que calar aún más que lo público es de todos, y no de los funcionarios, ni de los políticos.
También tiene aspectos colaterales muy importantes: es un buen mecanismo para luchar contra la corrupción, permite una Administración más ágil, más cercana, más próxima y es un medio de legitimación de la autoridad y de la función pública.
La transparencia, y su «alma mater», que es el derecho de acceso a la información pública, se ha introducido como se ha introducido en la agenda “setting” de la política y de la comunicación.
¿Cuando hablamos de transparencia en nuestros días, podríamos asimilarlo al «temor de Dios» de la antigüedad, cuando no se hacían las cosas porque se temía que Dios te fuera a castigar?
Dice la Biblia que, al final, todo se acaba sabiendo [se ríe]. Podría ser. Uno de los efectos de la transparencia es el control.
¡Ojo!, que esto puede ser positivo y puede ser negativo. La transparencia tiene que coordinarse con la privacidad, con el derecho a la protección de datos personales.
Yo creo que la transparencia es un mecanismo de unas administraciones públicas más eficaces y más limpias. Pero por sí sola no es la panacea en la lucha contra la corrupción, aunque es un elemento muy importante.
Hoy día hay dos instituciones que realizan una función de contrapoder. Una es la justicia, que tiene el handicap de su lentitud. Y otra son los medios de comunicación. En el momento en el que sale la noticia, las cosas comienzan a moverse.
La opinión pública es el otro gran medio de control del poder.
En estos momentos, para que la opinión pública sea eficaz es necesario que existan medios independientes, medios profesionales, pero es necesaria la transparencia de lo público.
Y hay otro efecto funcamental de la transparencia, y es que hay información que le es valiosa a la gente.
Si me van a operar de algo, quiero conocer, por ejemplo, la tasa de mortalidad en el hospital en el que me van a intervenir, o la tasa de aciertos.
¿Cree usted que los políticos se creen esto de la transparencia o es un mero señuelo para captar votos?
Alguien dijo que nuestra Ley de Transparencia era una ley propagandística, para cubrir el expediente. En parte sí, pero yo creo que hay políticos que sí que se lo creen.
Desgraciadamente, en los últimos programas electorales parecía un tema superado. Y no lo está. En España Necesitamos reflexionar sobre esto. Sobre lo que está mal. Sobre lo que podemos mejorar. Porque se están haciendo muchas cosas.
Y no sólo a nivel estatal, sino autonómico, o local.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar su propia ordenanza de transparencia, aunque es verdad que ahí hay un componente publicitario y propagandístico.
Lo que al final cuenta es si funciona o no.
Hay una serie de instituciones, como Transparencia Internacional, Acreditra, etcétera, que vienen a vigilar que se están haciendo bien las cosas en cuanto a transparencia desde los poderes públicos.
¿Hasta que punto la Agencia Española de Protección de Datos se está convirtiendo en un freno en lo de la transparencia?
Es cierto que la AEPD se está utilizando como una especie de cortafuego, de barrera, de muro, que impide acceder a la información. ‘No, lo siento, esto está protegido por protección de datos. Aquí se citan a personas, no te puedo dar la información’.
Vamos por partes. La transparencia puede funcionar también como un mecanismo de protección de datos personales. Pero, es que, a veces, la Administración Pública no tiene por qué tener datos personales, una.
Dos, es bueno conocer qué información tiene la Administración Pública de determiandas personas.
Y tres, en último caso siempre queda la posibilidad de anonimizar esos datos. Eliminar el dato de la persona concreta.
En otros es esencial.
Si me van a poner una gasolinera al lado de mi casa pues yo quiero saber quién quiere hacerlo. Yo necesitaré tener información para saber quién está detrás de la gasolinera –un dato esencial-, qué trámites ha seguido, si ahí hay algo…
Sin embargo, el derecho de acceso a la información pública no es un derecho fundamental.
Así es. No está arraigado, como en otros países, en la libertad de información. Por lo tanto, no tiene la categoría constitucional de un derecho fundamental.
La Ley de Protección de Datos Personales sí se ha arraigado en el artículo 18 de la Constitución, porque en nuestra Constitución no hay un derecho a la protección de datos personales expreso. Han tenido que buscar el anclaje de que la ley contemplará el uso de la informática…
A partir de ahí se ha creado un derecho a la protección de datos personales. Que, por cierto, incluye hoy no solo el tratamiento automatizado, informático de los datos personales, sino también el tratamiento manual de esos mismos datos.
¿Y qué ocurre? Que en ese enfrentamiento entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho al acceso a la información pública éste último está en desventaja. Porque no es un derecho fundamental. Y eso hay que arreglarlo en algún momento.
En el Congreso participarán más de 150 personas. ¿Espera que deje huella?
Ese es el objetivo: dejar huella y contribuir a cambiar las cosas. Hoy por hoy, cualquier estado moderno y democrático que se precie tiene que tener la transparencia como bandera.
No hay otra.
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