La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por prevaricación.
Además, Griñán deberá responder solidariamente a 484 millones de euros, en concepto de devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2005 y 2010.
La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada.
En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Confilegal, la Fiscalía también pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
El exconsejero de empleo José Antonio Viera tendrá que enfrentarse a ocho años de prisión por supuesta malversación de caudales públicos y prevaricación. La Fiscalía también solicita ocho años también para Francisco Vallejo, Antonio Fernández y Javier Guerrero. Para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, una pena de seis años, al igual que para el exinterventor de la Junta Manuel Gómez.
Para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez solicita 10 años de inhabilitación.
Los hechos narrados en el escrito de acusación son constitutivos de un delito continuado de prevaricación de los artículos 404 y 74 en relación de concurso medial con un delito continuado de malversación del artículo 432,1º y 2º y del art. 74, todos del Código Penal en su redacción vigente al tiempo de cometerse.
En su escrito la Fiscalía, al igual que hizo el juez instructor Álvaro Martín, entiende que han cometido supuesta malversación todos los políticos que a partir de 2005 recibieron los informes de la Intervención General de la Junta donde se advertía de las supuestas irregularidades en el procedimiento que usaba la Junta para pagar subvenciones a empresas en crisis o para prejubilar a sus trabajadores.
En el escrito de Acusación se detalla que entre el año 2000 y 2011 todos participaron supuestamente en la creación, gestión o concesión de ayudas a empresas a través de la partida presupuestaria 31L, que se incluía en los presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento. Una fórmula que consistía en transferir dinero de la Consejería de Empleo a la Agencia Pública IDEA, que era la que pagaba el dinero.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que eran ayudas dadas al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública. En muchos casos no existe ni solicitud por parte del beneficiario ni resolución de concesión por parte de la administración.
