El Ministerio de Justicia y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) están de acuerdo en dar prioridad a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que se lleve a cabo a lo largo del próximo año y pueda estar lista para finales de 2017 con el fin de que pueda elegirse al próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 2018.
Dentro de las reformas tratadas entre el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Albornoz, el presidente de la APM, Manuel Almenar, y el vicepresidente de la asociación, Francisco Monterde, durante la reunión que mantuvieron al filo del mediodía de ayer, se contempla devolver a los 20 vocales la dedicación exclusiva, la prohibición de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo pueda renovar para un segundo mandato, y la recuperación de competencias perdidas en la última reforma de la LOPJ, según ha podido saber Confilegal.
Sobre el futuro sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, el ministro Catalá reiteró a la APM lo dicho a los representantes de la Francisco de Vitoria el pasado viernes: respetará el sistema que las cuatro asociaciones pacten.
«Todavía no hay nada en ese sentido», explica Almenar. «Hay que definir cuántos avales son necesarios para que un candidato pueda presentarse, y hay que definir si son listas abiertas o cerradas. Aún no hemos llegado a ese puente. Cuando lleguemos, ya lo cruzaremos».
Durante la reunión, ambas partes hicieron un repaso a todas las reformas emprendidas en la penúltima legislatura y el impacto que han tenido en la Administración de Justicia, así como los avances que será necesario acometer para mejorar las normas procesales y aquellas reformas que demanda la carrera profesional de jueces y magistrados.
«También hemos hablado de la necesidad urgente de crear plazas para las salas de apelación de los Tribunales Superiores de Justicia y la de la Audiencia Nacional, así como de la convocatoria de las 90-100 plazas de jueces, previstas en los presupuestos de este año», cuenta Almenar.
Como también le dijo a Marcelino Sexmero e Ignacio Torres, de los vitorinos, Catalá le comunicó que están estudiando esa posibilidad, desde el punto de vista legal.
Entre otros temas tratados, las dos partes abordaron tres «asignaturas pendientes»: la regulación de los indultos, los aforamientos y las puertas giratorias en la Justicia.
Finalmente, Almenar relató que habían llegado al acuerdo de formar grupos de trabajo, con el resto de las partes, para acometer los trabajos legislativos que se avecinan si el PP consigue formar gobierno tras el 25 de septiembre próximo.
