Una comisión de expertos del ámbito sindical y empresarial estudiará durante un mes el impacto económico de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que instan a equiparar las indemnizaciones de los contratos interinos a las de los indefinidos y, tras ese plazo, el Gobierno y los agentes sociales adoptarán una posición de futuro.
En rueda de prensa, tras una reunión entre la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los responsables de CEOE y Cepyme y los líderes sindicales de UGT y CCOO, la ministra ha informado de que la próxima semana se reunirá una comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, para que dé más estabilidad en el empleo al colectivo de interinos.
La comisión contará con un conjunto de seis expertos, dos representantes de cada una de las partes, hará una propuesta a las tres partes para que se puedan tomar decisiones en una mesa del diálogo tripartito.
El objetivo de esta solución consensuada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos es la mayor protección de trabajadores y seguridad jurídica para las empresas y conocer cómo se puede trasladar la aplicación de la sentencia sobre los interinos a la legislación europea.
Las sentencias del TJUE sostienen que España no puede discriminar en las indemnizaciones por despido a trabajadores fijos y temporales, de forma que ambas categorías de asalariados deberán recibir una compensación económica de 20 días por año trabajado.
En este sentido, el TJUE sentencia exige a los tribunales españoles que reconozcan a ambos tipos de empleados por igual.
Además, plantea que no sólo no deben existir diferencias en las indemnizaciones de los distintos tipos de contratos temporales (los interinos no cobran nada al ser despedidos, mientras que la mayoría de los temporales reciben entre 8 y 12 días por año trabajado al terminar su contrato), sino que no debe haberlas entre los temporales y los indefinidos (que cobran 20 días por año trabajado si sufren un despido objetivo, que es el que se produce –entre otras- por causas económicas, técnicas o relacionadas con la producción de la empresa).
Es más, el tribunal europeo asegura que “El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización”, sostiene el fallo de la corte europea.
Desde la patronal, CEOE y Cepyme, consideran que hay que esperar a ver qué opinan los expertos de la comisión para ver cuáles son las salidas. Sobre el posible impacto que podría tener la sentencia, ambas organizaciones han apuntado que en este momento tienen una primera aproximación de cuánto ascendería pero que necesitan que el grupo de expertos les «ponga sobre la mesa» cuál podría ser el impacto concreto.
Por su parte, tanto CC.OO. como UGT dicen que desde el momento en el que haya Gobierno se tiene que tomar una iniciativa que integre un amplio diálogo social y en el que haya un acuerdo con los agentes económicos y sociales.
LOS SINDICATOS CREEN QUE SOLO UNA REFORMA LEGISLATIVA NO BASTA
Los distintos sindicatos llevan tiempo movilizándose tras las citadas sentencias del TJUE. Y aunque ven un cambio positivo en la actitud del Gobierno, seguirán estudiando las acciones a seguir.
En este sentido, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que la campaña continúa exactamente igual ya que «una modificación legislativa difícilmente puede hacer recuperar derechos perdidos».
Por su parte, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha recordado que dado que faltan solo apenas diez días para saber si va a haber Gobierno «todo lo que se ha dicho hoy deberá pasar, inevitablemente, por ese tamiz». Y ha apostado por modificar el Estatuto de los Trabajadores, aunque ha puntualizado que «habrá que ver si continúa el mismo Gobierno y si los compromisos establecidos hoy tienen cabida en otro Ejecutivo».
Además, ha subrayado que antes de que se inicie «una cascada de demandas individuales» sería conveniente hacer un acuerdo para dar seguridad jurídica a las empresas y garantías a los trabajadores.
