El emperador francés, Napoleón Bonaparte, solía decir que los hombres más poderosos de Francia eran los jueces de instrucción porque podían poner a cualquiera en la cárcel y ordenar la incautación de sus bienes.
De esa forma sugería que los jueces de instrucción eran, incluso, más poderosos que él mismo.
Lo que no contaba era que, en aquellos tiempos en los que estaba naciendo el siglo XIX, los jueces de instrucción eran nombrados por el Estado, es decir, indirectamente, por el propio emperador.
Aquella idea de Bonaparte echó profundas raíces en las mentes de los ciudadanos europeos cuyas naciones adoptaron el sistema judicial continental, conocido también como napoleónico, que fueron todos menos el Reino Unido de la Gran Bretaña.
Hoy en día, pasados doscientos años, aquella idea todavía sigue viva, aunque nada tenga que ver con nuestra realidad. Pero sigue repitiéndose, como si fuera un mantra budista.
Porque ya hace mucho tiempo que los jueces de instrucción españoles no son nombrados por el poder político de turno.
Acceden a sus puestos por antigüedad y son independientes e inamovibles.
Nadie, ninguna autoridad, puede obligarles o inducirles a tomar una decisión contra su voluntad y la Ley bajo la amenaza de perder su trabajo.
Ya no es así.
Tampoco pueden, por propia voluntad, meter en la cárcel al sospechoso de haber cometido un delito. Primero, como condición previa, tiene que existir una solicitud del fiscal o la acusación popular o particular en ese sentido.
Una decisión que se tomó en 1996, mediante la entrada en vigor de la Ley del Jurado, en cuyo interior figuraba una disposición adicional que modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
HACEN EL MISMO TRABAJO QUE LOS FISCALES DE EE.UU.
Los 1.500 jueces de instrucción que tenemos en España, para que nos entendamos, hacen parte del mismo trabajo que los fiscales en Estados Unidos y que tanto vemos en las películas estadounidenses.
Son los responsables de dirigir las investigaciones de las policías españolas y de la Guardia Civil cuando se han cometido uno o varios delitos.
Los jueces de instrucción no juzgan los delitos que investigan.
Cuando cierran un caso lo envían, para que sea juzgado, a un tribunal de lo penal, si el delito está castigado hasta con 5 años de cárcel, a un tribunal formado por tres jueces.
Si supera los 5 años, o a un tribunal de jurado, si es un asesinato o un homicidio.
En ese caso el veredicto le corresponde a un jurado popular.
A diferencia de los fiscales norteamericanos, los jueces de instrucción hacen también de jueces de garantías, es decir, autorizan a la policía las intervenciones telefónicas, las entradas y registro en hogares de los sospechosos, interrogan a los implicados y ordenan pruebas forenses con el fin de llegar a la verdad.
En la Audiencia Nacional hay seis jueces centrales de instrucción cuyo cometido es específicamente el de investigar delitos de terrorismo, de tráfico de drogas y de índole económica.
Ninguno de esos seis jueces, cuyos nombres continuamente escuchamos en los medios –Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Carmen Lamela, Fernando Andreu, José de la Mata y Eloy Velasco– preside tribunal alguno.
Cuando terminan con un caso, lo pasan a la llamada Sala de lo Penal, donde otro tipo de magistrados, como Alfonso Guevara, Ángel Hurtado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Enrique López, Juan Pablo González o Ángela Murillo, por citar algunos de ellos, lo juzgan.
Es una garantía esencial para todos los ciudadanos.
Un juez que ha investigado un delito no puede juzgarlo porque está contaminado.
No es apto para administrar justicia, de acuerdo con la Ley.
Tampoco es el hombre más poderoso de la tierra.
Eso es cosa del pasado, y en el pasado ha quedado, aunque algunos se empeñen en repetirlo como si fuera presente.
