Tuero Sánchez Abogados asesorará, en acciones penales contra Volkswagen, a los afectados de la plataforma Thinkbluff.org en España
José Antonio Tuero, socio director del despacho Tuero Sánchez Abogados, quien dirigirá las acciones penales de esta plataforma contra Volkswagen en España.

Tuero Sánchez Abogados asesorará, en acciones penales contra Volkswagen, a los afectados de la plataforma Thinkbluff.org en España

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05/11/2016 06:58
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Actualizado: 31/3/2022 13:42
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La plataforma mundial de afectados Thingbluff.org por el caso Volkswagen ha elegido al despacho Tuero Sánchez Abogados, especializado en derecho penal , como uno de los bufetes que inicie las acciones penales en nuestro país con los afectados que deseen resarcirse de la compra de esos vehículos en mal estado por tener un motor trucado y contaminante.

Con esta noticia se reactiva un caso, el del “Dieselgate” que empezaba a diluirse.

Tuero Sánchez Abogados es un bufete penalista consolidado con una historia de cuarenta años a sus espaldas. Ha estado presente en casos mediáticos como el del aceite de colza, el de los GAL o en la actualidad ejerciendo la defensa de algunas víctimas del supuesto pederasta de Ciudad Lineal, juicio ahora en marcha.

Al frente de la firma José Antonio Tuero, segunda generación del bufete, socio director, y presidente de la sección penal del ICAM.

Este despacho tiene acuerdos de best friend en países como Colombia, en la ciudad de Bogotá, donde se colabora con diferentes temas, al igual que con despachos de Portugal, Francia e Italia para ofrecer sus servicios.

La firma está configurada por diez letrados, todos ellos especialistas en la práctica penal. “Los clientes buscan profesionalidad e intimidad y que se haga el trabajo con el mayor sigilo posible tanto si eres acusación o defensa”, explica Tuero. 

Con este acuerdo “supone que vamos a asumir la defensa de los intereses de los afectados de esta plataforma mundial en España como acusación. Se ha tomado la decisión por ambas partes de tomar la decisión alcanzada”.

Para hacernos una idea de la dimensión del supuesto delito cometido por Volkswagen basta decir que solo en España hay casi 700.000 vehículos afectados. La idea que se pretenden es que cualquier afectado por este asunto se asocie a dicha plataforma ya en marcha.

thinkbluff-org

En la actualidad la Audiencia Nacional (AN) sigue adelante con la instrucción del caso Volkswagen en España y está pendiente de recibir diversas diligencias solicitadas por el fiscal y el tribunal a los responsables del grupo automovilístico.

En España, el Juzgado Central de Instrucción 3, del que es titular Ismael Moreno, todavía tiene que recibir diversa documentación que ha solicitado para poder seguir con el procedimiento judicial.

La instrucción ha sido calificada de «compleja», por lo que cuenta con un plazo de 18 meses para completarla (junio de 2017).

La apertura de estas diligencias se produjo después de que Manos Limpias presentase en septiembre una querella contra directivos de Volkswagen en España por delitos contra los consumidores, el medioambiente y Hacienda, estafa y falsificación documental.

También se han personado en el proceso otras acusaciones en calidad de afectados, como la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, que presentó otra querella contra la multinacional y su filial Seat.

En las querellas criminales por estafa que vaya a presentar Tuero Sánchez Abogados, al igual que otros despachos ya han hecho en otros países se va a reclamar la devolución del importe del automóvil en función de su antigüedad o su sustitución por uno nuevo. Formar parte de esta plataforma no tiene ningún coste para los afectados que deseen integrarse en ella.

Para José Antonio Tuero, “la acción penal es la mejor fórmula de resolver este llamado caso Volkswagen. Creo que en este asunto hay varios delitos; el perjudicado no ha sido solo estafado: le han vendido un coche con unas características que no tiene. Al mismo tiempo hay un delito medioambiental en el que el perjudicado ha sido medio para cometer dicho delito. Hay otro delito contra el mercado de los consumidores, al resto de marcas les ha provocado una diferencia competitiva engañando al mercado”.

Le preguntamos sobre la primera sentencia que en España en un juzgado de Valladolid de primera instancia ha fallado en contra de Volkswagen tras cinco fallos anteriores a su favor. En esta sentencia, que será recurrida por la empresa, estima parcialmente los argumentos del demandante y obliga a la compañía a indemnizarle con 5.006,5 euros, el 10 por ciento del precio de compra del coche. “creo que en la Audiencia Provincial sufrirá cambios. Hay que darse cuenta que las solicitudes que se hacían en la demanda eran subsidiarias y establecía la indemnización. La indemnización que fija el juez es a tanto alzado y por ahí está la vía abierta”.

Para este experto, este tipo de casos tienen una complejidad técnica indudable, de ahí que sean necesarios diferentes informes periciales para conocer realmente el estado del vehículo con ese motor manipulado “Al mismo tiempo hay diferentes intereses, desde la propia Volkswagen hasta el propio Ministerio de Industria que tendrá que informar más sobre el devenir de este asunto. No olvidemos que la marca de automóvil está investigada en España como persona jurídica y llevará su defensa lo mejor posible”.

UN FRAUDE DETECTADO EN EEUU

Hay que recordar que este fraude salía a la luz gracias a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que detectaba emisiones de óxido de nitrógeno infinitamente superiores a las declaradas por Volkswagen en septiembre del 2015. En algunos casos se llegaban a niveles cuarenta veces superiores a lo declarado por el fabricante alemán. El origen, software trucado en el ordenador de a bordo.

Desde esta plataforma se insiste en que la estafa es de tal magnitud que la marca se ha visto obligada a reconocer que manipuló el software de 11 millones de vehículos en todo el planeta. Engañando a sus compradores, a las autoridades ambientales, a los gobiernos y afectando de manera irreparable el medio ambiente, ya que esos vehículos contaminan hasta 40 veces más de lo declarado.

En nuestro país, firmas como Legálitas y las organizadores de consumidores como FACUA y OCU, organizaciones de consumidores , han puesto en marcha otras plataformas de afectados por este caso, conocido en otros ambientes como el “Dieselgate”.

En el caso de FACUA ha presentado denuncias contra las filiales en España del Grupo Volkswagen ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las diecisiete agencias, institutos y direcciones generales con competencias en la protección de los consumidores de los gobiernos autonómicos.

Al mismo tiempo, esta organización de consumidores, además de las mencionadas reclamaciones,  está personada en la causa abierta en la AN como acusación particular y representa ya al mayor colectivo de afectados en ella: más de 6.000 conductores

ACUERDO EN ESTADOS UNIDOS SOBRE VOLKSWAGEN

En EEUU ya hay un acuerdo extrajudicial que ha sido rubricado por la judicatura de aquel país. Este acuerdo le costará a Volkswagen alrededor de 15.000 millones de dólares, fue alcanzado a mediados de año tras intensas negociaciones con los abogados de las cuatro partes implicadas y que es uno de los mayores acordados por una corporación en EEUU, ya había sido aprobado de forma provisional por Breyer el pasado julio.

Según los términos del acuerdo, VW pagará una indemnización con cantidades variables dependiendo del modelo y edad del vehículo y permitirá a los propietarios mantener su automóvil, tras arreglarlos para que los motores no contaminen por encima de lo permitido, o venderlo a la compañía. Esta parte relacionada con los propietarios de los vehículos está valorado en unos 10.033 millones de dólares.

La otra parte del acuerdo está relacionada con las demandas presentadas por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y las autoridades medioambientales de California, que descubrieron el fraude de los motores en septiembre de 2015.

Esta parte está valorada en 4.700 millones de dólares y consiste en la creación de dos fondos con unos 4.700 millones de dólares para «mitigar los efectos causados por las emisiones ilegales de óxidos de nitrógeno» e invertir en tecnologías de cero emisiones”.

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