El promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado hoy la incoación de un expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa en relación con su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, por hechos que podrían constituir dos faltas disciplinarias muy graves y otra grave de las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, según nota de prensa hecha pública por la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De acuerdo con Fonseca-Herrero, «las faltas muy graves son las del artículo 417.8 –inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmentes previstas- y 417.12 –revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona-«.
«El expediente también contempla la posible comisión de una falta grave del artículo 418.5, referido al exceso o abuso de autoridad».
Fonseca-Herrero abrió el pasado mes de mayo diligencias informativas contra Alba a raíz de la denuncia formulada contra él por la magistrada Victoria Rosell Aguilar, a quien el primero sustituía en el Juzgado tras la decisión de la juez de concurrir como candidata a las elecciones generales y su posterior elección como diputada al Congreso.
A esas diligencias se incorporaron después las grabaciones difundidas por varios medios de comunicación de una conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en un procedimiento que se tramita en el citado Juzgado.
La falta grave de abuso de autoridad se habría cometido al utilizar Alba su condición de instructor de las diligencias previas 644/2014 para llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo, y que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez.
“De este modo, el magistrado habría desarrollado una investigación indebida contra la denunciante y su entorno”, señala el promotor en el acuerdo de incoación del expediente.
Fonseca-Herrero añade que la posible comisión de una falta muy grave de revelación de secretos del artículo 417.12 se deriva de la publicación en diversos medios de comunicación de un informe redactado por Alba y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria interpuso ante el alto tribunal contra la juez Rosell.
Por último, la posible falta muy grave de incumplimiento del deber de abstención del artículo 417.8 se basa en la afirmación de la existencia por parte de la magistrada Rosell de una relación de enemistad del juez Alba con ella, compañera sentimental del denunciando en el proceso penal, “y por ello, en la existencia de un interés directo o indirecto del señor Alba Mesa en el proceso, revelado posteriormente con el contenido de la grabación previa a la declaración de don Miguel Ángel Ramírez en esa causa”.
En esta última falta muy grave, Fonseca-Herrero parece haber confundido al compañero sentimental de la magistrada Rosell, que no es el empresario Miguel Ángel Ramírez sino el periodista Carlos Sosa.
La resolución ha sido ya notificada al magistrado expedientado, a la denunciante, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.
Tiene lugar en el mismo día en el que la asociación progresista Jueces para la Democracia presentara una denuncia, en el mismo sentido, ante el CGPJ.
