Firmas
Es imprescindible que Catalá pasé del buen talante a los hechos concretos
El autor de esta columna repasa las "asignaturas pendientes" de Rafael Catalá como ministro de Justicia en este nueva legislatura que acaba de comenzar. EP.
11/11/2016 06:55
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Actualizado: 10/11/2016 15:21
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Se acabó la interinidad. Después de varias rocambolescas situaciones en nuestro Parlamento en estos últimos meses, Mariano Rajoy pudo formar su ansiado Gobierno para esta XII Legislatura.
Seis novedades frente a otros seis ministros que continúan en sus cargos se observa en su Gabinete. Uno de ellos Rafael Catalá, titular de Justicia tras la salida de Ruiz-Gallardón, en septiembre del 2014, se mantiene en su puesto como todo hacia presagiar.
Pocos políticos como el propio Catalá, hombre dialogante, han encajado mejor en el sector jurídico. Que hace unos días en su toma de posesión frente a la plana mayor de la comunidad jurídica pidiera perdón por los retrasos de los abogados del Turno de Oficio, le honra. Pero no es suficiente.
No bastan las buenas palabras. Está obligado a evitar esos retrasos y que los abogados del Turno de Oficio cobren en su momento.
Hablar aquí del trabajo que le espera a Ministro de Justicia nos llevaría horas y horas. El objetivo final es que la Justicia sea el servicio público que se demanda desde décadas.
Y desde esa perspectiva crear un Pacto de Estado donde interlocutores jurídicos y partidos políticos impulsen la necesaria reconversión de nuestra justicia.
UNA LEGISLATURA MARCADA POR EL CONSENSO PARLAMENTARIO A MUCHAS BANDAS
La tarea no es sencilla y pondrá a prueba la capacidad de diálogo del ministro en un contexto en el que su partido, el PP, ha pasado de tener mayoría absoluta en el Congreso a disponer de una mayoría insuficiente para aprobar las leyes. Catalá tendrá que consensuar en el Parlamento muchas reformas judiciales y otras procesales que quedaron pendientes.
De la intervención de Catalá en su toma de posesión como “nuevo ministro de Justicia”, hay que valorar su predisposición a colaborar desde el consenso en la implementación de diferentes reformas que aúpen a la Justicia al lugar que debería estar.
Sin embargo, es fundamental que en el corto plazo concrete claramente objetivos y prioridades.
Si nos centramos en la abogacía, es evidente que este colectivo, debe tener un peso específico en todas aquellas reformas que desde el Palacio de Parcent se pongan en marcha.
Es necesaria una Ley Orgánica que garantice el Derecho a la Defensa para que los derechos de los justiciables se respeten desde antes incluso de su entrada en una Comisaría.
NECESIDAD DE UNA LEY ORGÁNICA QUE GARANTICE EL DERECHO DE DEFENSA
En este asunto resulta fundamental que el ministro escuche y recoja las sugerencias de la abogacía institucional. Recordemos que, en este tema, el “nuevo” ministro cuenta desde octubre de 2015 con un borrador normativo remitido desde el propio Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y del que hasta ahora no ha habido respuesta por parte del citado Ministerio de Justicia.
En este contexto, el propio Ministerio debería también liderar, sin más demoras, una Comisión de Trabajo donde se unifiquen -al alza y actualizados- los baremos del Turno de Oficio que el propio Catalá anuncio curiosamente en su última comparecencia.
Al parecer el grupo de trabajo que ha estado funcionando entre Ministerio y CGAE no es el canal adecuado. Pero hay que buscar el cauce para normalizar este asunto sin entrar en burocracias. Las Comuniades Autónomas (CC.AA.) con competencias transferidas deberían estar representadas también.
BUSCAR UN TURNO DE OFICIO QUE HOMOLOGUE LOS BAREMOS EN TODO EL PAÍS
No es de recibo que el mismo servicio del Turno de Oficio se cobre más en País Vasco o Cataluña que Andalucía. No puede haber abogados de primera y de segunda.
Hasta la fecha, este tema Catalá no le ha dado demasiada importancia. Pero es hora ya de dar estabilidad a este servicio público , del que dependen los derechos y libertades de los más desfavorecidos.
La financiación del Turno de Oficio y con ella de la Justicia Gratuita debe ser una prioridad de Gobierno y Comunidades Autónomas y se debe buscar un modelo de financiación adecuado que lo blinde de cualquier injerencia o amago de privatización.
Hay pendiente una Ley de Justicia Gratuita que tiene que aprobarse para reforzar ese servicio desde el consenso.
Con las tecnologías existentes, una de las apuesta del ministro Catalá para modernizar nuestra justicia en fase de desarrollo, se podría aspirar a que en unos meses los más de 43.000 abogados del Turno pudieran cobrar de manera mensual, y no con un retraso mínimo de cinco meses, según zona como está sucediendo, el propio servicio del Turno de Oficio.
REVERTIR EL DINERO DE LAS TASAS JUDICIALES EN LA JUSTICIA GRATUITA
En este contexto, seguimos preguntando qué va a pasar con el dinero de las tasas judiciales recaudado. Sabemos que entre enero del 2012 a diciembre del 2015 se recaudaron cerca de 639 millones de euros.
También se ha comprobado que ese dinero, pese a que en el artículo 11 de la Ley de Tasas indicaba que iría a la Justicia Gratuita, acabó en el fondo común de otros impuestos.
Hay que advertir al lector que con ese dinero, bien gestionado, la supervivencia del Turno de Oficio estaría garantizada durante años.
El asunto aún no ha dejado de estar presente en muchas reuniones. Tanto los Colegios de Abogados como diferentes consejeros de Justicia de Comunidades Autónomas ven lógico que ese dinero, en su totalidad o en parte, revirtiera para la Justicia Gratuita.
Parece necesario buscar una fórmula que compense a Autonomías y Colegios en este sentido. Otro elemento que se abre en esta legislatura de consenso.
¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE LAS TASAS JUDICIALES EN NUESTRO ORDENAMIENTO?
Catalá tendrá que aclarar de una vez por todas cuál va a ser el futuro de las tasas judiciales. Las presiones de la abogacía institucional y las protestas de los abogados de a pie desde diferentes ámbitos, incluso en redes sociales de juristas agrupados en la Brigada tuitera propiciaron que en febrero del 2015 el Gobierno las aboliera para personas físicas.
Luego en un viernes víspera de agosto de este año 2016, el Tribunal Constitucional las declaraba parte de ellas inconstitucionales.
La situación ha variado poco. No es una buena noticia que hace unos días la Mesa del Congreso recogiera el veto del Gobierno a una proposición de Ley que encabezaban Podemos y Ciudadanos para la derogación de las tasas judiciales para pymes y asociaciones sin ánimo de lucro.
Da la sensación que las tasas han regresado para quedarse, entonces. Prima más el afán recaudatorio del Estado que el acceso a la justicia de ciudadanos y personas jurídicas.
EL MINISTRO DE JUSTICIA DEBE MEDIAR ENTRE COMPETENCIA Y COLEGIOS
El otro gran escenario de los abogados es su pelea con Competencia y con el Ministerio de Economía por la “congelada” reforma de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
Y no parecen lógicas las sanciones que reciben los Colegios de Abogados por gestionar el funcionamiento del Turno de Oficio.
En este contexto, la figura del ministro Catalá y su talante negociador debería emerger como mediador entre estos organismos y los Colegios de Abogados para evitar esta falta de entendimiento entre ambas partes y evitar esas sanciones desproporcionadas que luego los Tribunales Superiores de Justicia tumban a favor de las citadas entidades colegiales.
NECESIDAD DE CONSENSUAR UNA LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES QUE NO ANULE A LAS ENTIDADES COLEGIALES
La futura ley de Servicios y Colegios Profesionales no puede condenar a la indigencia a estas entidades colegiales por no poder tener unos ingresos adecuados desde las cuotas a los colegiados. Debe ser otro escenario en el que Competencia, Justicia y el CGAE se sienten para desarrollar un marco de colaboración adecuada.
El papel de los Colegios está muy centrado en preservar la ética del trabajo de los abogados y es evidente que se están modernizando para adaptarse a los nuevos tiempos.
ES EL MOMENTO DE LOS HECHOS MEDIBLES Y CUANTIFICABLES
Es tiempo, por tanto, que el buen talante se convierta en mejores acciones desde el obligado consenso de esta situación que vive el país.
El ministro Catalá, como decía aquella frase del filósofo Aristóteles. es “esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios”. Confiemos que en la práctica sea coherente con lo manifestado y ayude a definir la justicia del siglo XXI que anhelamos todos encontrado soluciones a todas estas cuestiones y otras que se deriven de las planteadas en este artículo.
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