Catalá confirma que el Gobierno no realizará ninguna campaña institucional para el fomento de la mediación

Catalá confirma que el Gobierno no realizará ninguna campaña institucional para el fomento de la mediación

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14/11/2016 17:47
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Actualizado: 14/11/2016 17:49
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Pese a ser una reivindicación de actores de la mediación y colegios profesionales, el ministro de Justicia, Rafael Catalá confirmo en una jornada organizada por ASEMED, (Asociación Española de Mediación) que su departamento no tiene previsto realizar ninguna campaña de cara a mejorar el conocimiento de la mediación en nuestro país. Catalá señalo que deben ser los profesionales de la mediación quienes transmitan la cultura de la mediación a la sociedad ante la sorpresa de muchos de los asistentes.

El Ministerio de Justicia cree en la mediación pero no la apoya de forma incondicional como muchos de los interlocutores vienen pidiendo en los últimos años. En este evento sobre compliance y mediación organizado por ASEMED, Catalá defendió la utilidad de la mediación como método extrajudicial para resolver los conflictos donde un tercero, el mediador es quien busca la solución para las partes.

Curiosamente personalidades como Francisco Caamaño, ex ministro de justicia, hoy catedrático de Derecho Constitucional y abogado especializado en temas de cumplimiento normativo y Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, entre otros asistentes y ponentes de esta jornada, mostraban también su sorpresa de la decisión de Catalá de no dar un apoyo a la mediación desde una campaña institucional de difusión .

El ministro explicó que la Ley de Mediación de 2012 y el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre que la desarrolla han establecido un marco regulatorio inexistente hasta el momento que ha puesto a disposición de la sociedad 2.500 mediadores, 1.300 mediadores concursales y 78 instituciones de mediación en busca de soluciones concertadas, rápidas, razonables y alternativas a las que pueden suministrar los tribunales.

También subrayó el propio ministro que la mediación es una poderosa herramienta frente al riesgo ya que se anticipa a los problemas y minimiza o evita sus efectos. Además, ha dicho, no puede limitarse al entorno familiar o laboral, sino que debe llegar al ámbito empresarial ya que es el más adecuado para aprovechar al máximo sus potencialidades y la cualificación de sus profesionales.

De hecho, la reforma del Código Penal impulsada en 2015 a través de la Ley Orgánica 1/2015 extendió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo así el concepto de debido control y autorregulación en las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

Sin embargo, la sorpresa llego al auditórium del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, sede de esta jornada, cuando al hablar de la difusión de la mediación, Catalá subrayó que deben ser los propios mediadores quienes creen la cultura de mediación en la sociedad, de cara a que este método extrajudicial sea útil en las jurisdicciones laboral, civil o mercantil.

La necesidad de crear una cultura de la mediación, junto con el debate de si esta práctica debe ser obligatoria, ha sido una de las reivindicaciones de los profesionales del sector, muchos de ellos agrupados en Colegios Profesionales que en muchas ocasiones han señalado la necesidad que el Gobierno se implicará algo más en el conocimiento de la mediación. Por lo que comentó este lunes parece que de momento el Ministerio no tiene contemplado un apoyo incondicional a este método extrajudicial que parece muy necesario en nuestro país ante la situación de colapso de nuestros juzgados.

A una pregunta de este periodista en el turno de preguntas, el propio Ministro subrayó la necesidad de que todos los profesionales de involucren en la divulgación de esa herramienta, obviando que una campaña divulgativa de la mediación a nivel institucional, como se ha hecho en la DGT o No a las Drogas sería de gran ayuda para que la sociedad conociera esta actividad que es más rápida y económica que el procedimiento judicial ordinario.

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