La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado al Gobierno de Mariano Rajoy el «público desaire» al que «se ha visto sometida» la última fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, al no haber sido propuesta para continuar en el cargo después de que el Ejecutivo hubiera «manifestado públicamente su intención de revalidar» a la jurista al frente de esta alta magistratura del Estado.
Madrigal fue cesada en el cargo el pasado 5 de noviembre, tras su publicación en el BOE, y eso de que se daba por hecho su continuidad.
A través de un comunicado, la UPF «felicita» sin embargo a José Manuel Maza Martín, magistrado del Tribunal Supremo que el Gobierno ha propuesto para el cargo de fiscal general, y sobre el que debe pronunciarse este jueves el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión extraordinaria.
«Depositamos en él nuestra confianza con la esperanza de que durante su mandato se lleva a cabo el definitivo despegue de la institución», afirma la UPF, aunque critica que el Gobierno traslade con la designación de Maza el mensaje «de que para que la Fiscalía sea autónoma deba ser dirigida por un magistrado».
«La autonomía e independencia del Fiscal General deriva del estatus legal de la institución y de la prohibición de injerencia del poder ejecutivo en las decisiones de los fiscales. La Fiscalía no es un instrumento del Gobierno«, proclama la UPF en la carta.
Del mismo modo, recuerda que el fiscal general no puede «ser cesado ni removido durante su mandato, debe ser absolutamente impermeable a las decisiones y presiones externas, incluidas las de aquellos que han determinado su nombramiento».
Además, la UPF insiste en «la necesidad de incrementar los recursos hasta alcanzar la deseada autonomía presupuestaria que garantice realmente nuestra independencia frente al Ministerio de Justicia«, y reclama la implementación de las nuevas tecnologías «despojando a los fiscales de tediosas e inútiles labores burocráticas que afecta a la calidad» de su trabajo, aseguran.
La carta finaliza afirmando que el nuevo fiscal general contará con la «más alta lealtad» de este colectivo, aunque advierte que también contará con su «permanente celo y pública denuncia de aquello que desvíe el propósito de servir a los ciudadanos y procurar una eficaz administración pública de justicia».
