El PP propone al resto de los partidos una subcomisión para elaborar una «Estrategia Nacional de Justicia»
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, entrando en la Sala Constitucional, donde se desarrolla la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Confilegal.

El PP propone al resto de los partidos una subcomisión para elaborar una «Estrategia Nacional de Justicia»

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06/12/2016 05:58
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Actualizado: 06/12/2016 02:49
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El Grupo Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión, dentro de la Comisión de Justicia, para elaborar consensuadamente una «Estrategia Nacional de Justicia» con el objetivo de afrontar una reforma a fondo de la Administración de Justicia; el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hizo ayer el ofrecimiento al resto de los partidos políticos en el marco de su comparecencia ante la Comisión, que preside Margarita Robles.

«Ya ha sido tratado con otros grupos -ustedes señorías tienen la propuesta sobre la mesa- y ha sido ya solicitado por el Grupo Popular», dijo Catalá a los miembros de la Comisión de Justicia presentes en el Salón Constitucional.

«En este sentido me gustaría destacar tres premisas fundamentales de la reforma que, de manera clara, nos convocan los trabajos en ese subcomisión, que, por su propia naturaleza, puedan estar culminado en los seis meses desde su constitución», explicó.

«En primer lugar, identificará y definirá, objetivos y líneas de acción que han de guiar la reforma integral de la justicia en todas sus dimensiones: institucional, de servicio público, profesional, social y seguridad jurídica», señaló. «La seguridad jurídica es una potente palanca de desarrollo y de crecimiento económico».

«En segundo lugar, la estrategia tiene que ser inclusiva. En los trabajos de la subcomisión resultará imprescindible contar con la voz, con la experiencia, con la visión de profesionales, de colectivos, de administraciones, de instituciones que participan cotidianamente en la gestión, en la organización o en la prestación del servicio público de la justicia. Es imposible reformar lo que sea, en profundidad, sin contar con todos y cada uno de los operadores que participan en nuestra justicia», agregó.

«Y en tercer lugar, la estrategia que se genere debe ser una estrategia medible. Porque lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla no se puede gestionar, y esto nos pasa en ocasiones en nuestra justicia», indicó

La subcomisión estaría integrada por 12 diputados. 3 por el PP, 2 por el PSOE, 2 por Podemos, 2 por Ciudadanos, 1 por el PNV, 1 por Esquerra Republicana de Cataluña y 1 por el Grupo Mixto, según ha podido saber Confilegal.

Su viabilidad depende de que el Pleno del Congreso así lo apruebe y responderá a las normas establecidas. Así, al PP le corresponderán 3 diputados por ser el único partido que supera los 100 representantes parlamentarios. El PSOE, Podemos y Ciudadanos contarán con 2 miembros cada uno por tener entre 25 y 100 diputados. El resto, ninguno de los cuales llega a esa cifra, tendrá un representante.

En cada año parlamentario sólo se pueden aprobar 8 subcomisiones. En la actualidad hay 6 aprobadas, de 31 que se han solicitado.

Su creación será una «prueba del algodón» del verdadero compromiso del PP y Ciudadanos por hacer realidad su compromiso por la reforma de la Justicia en esta legislatura. Si la subcomisión quedara aparcada habrá sucedido lo peor. 

Seis  ejes de actuación

Catalá identificó los seis ejes de actuación por los que tiene que pasar la reforma de la justicia: una justicia más ágil, más dotada y mejor organizada, la transformación digital de la Justicia, una reforma basada en los profesionales, pensada e impartida para los ciudadanos y fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción.

En este último sentido, el ministro de Justicia quiso desdramatizar el problema de la corrupción.

«De los 3,6 millones de asuntos, sólo un 0,29 por ciento fueron por delitos de corrupción», declaro con aplomo y seguridad. El 0,29 por ciento de 3,6 millones son 10.440 casos de corrupción durante 2015.

El titular de Justicia, por otra parte, volvió a repetir  su apuesta porque el Ministerio Fiscal asuma su nuevo papel en la fase de investigación, que sustituiría a la actual fase de instrucción, lo que requerirá dotarlo de un nuevo Estatuto.

«Se trata de implantar un sistema ágil, con todas las garantías, que se podrá alcanzar, desde el punto de vista procesal, articulando una fase de investigación centrada en una función esencial: determinar si existen o no indicios de delito como si hay principio de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Una vez que se alcanzase ese principio de convicción, la celebración de juicio debería ser inmediata», contó a los diputados.

«Deberíamos suprimir, o racionalizar, trámites innecesarios. Por ejemplo, no parece razonable algunas situaciones como las que suceden en la actualidad donde hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones: ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante la propia instrucción y en la fase de juicio oral», agregó. «Y desde el punto de vista operativo, mejorando las tareas de coordinación con la Policía Judicial».

«La figura del juez de garantías aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades, imprescindible para diligencias que afecten a derechos fundamentales o autorizar medidas cautelares personales o reales», señaló.

La gestación de este nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, que vendría a sustituir al vigente, tendría que hacerse de forma paralela y simultánea a la de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, vendría a sustituir a la actual, que data de 1882.

Como punto de partida cuentan con el proyecto de código procesal penal que se hizo cuando Francisco Caamaño era ministro de Justicia, en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el que llevó a cabo la comisión formada por encargo de Alberto Ruiz Gallardón, en la penúltima legislatura, y que presidió Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Rafael Catalá junto a la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles, contestando a las preguntas de los diputados presentes. Confilegal.

Rafael Catalá junto a la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles, contestando a las preguntas de los diputados presentes. Confilegal.

Un sólo sistema procesal para todos los juzgados de España

Catalá reveló que, para esta legislatura, uno de sus objetivos es que las 17 Comunidades Autónomas, las 12 con competencias transferidas y las 5 que siguen bajo el control del Ministerio, cuenten con un sistema de gestión procesal común.

«Que tengamos un sistema compartido y común. Me parece un objetivo político. No he oído a nadie negarlo y, por lo tanto, tendremos que hacerlo posible entre todos», declaró.

En la actualidad, en las 5 Comunidades Autónomas del denominado «territorio Ministerio» se comparte el mismo sistema de gestión procesal. En siete del resto tienen el suyo propio, que suele ser incompatible con los demás, lo que ha sido muy criticado.

Sobre lo que el ministro no pronunció ninguna palabra expresa fue sobre la elección de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial por sus iguales, tal como acordó con Ciudadanos. Un compromiso que Catalá adquirió con las asociaciones judiciales.

Quien sí defendió con vehemencia el sistema directo por el Parlamento fue el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo -magistrado en servicios especiales-, que recordó que los 12 vocales jueces eran elegidos de entre 36 candidatos que previamente habían sido elegidos por sus compañeros. Campo definió como «la marca de Caín» el estigma que se ha puesto a este sistema de elección cuando los que eligen son los elegidos por la soberanía popular.

Tasas judiciales

Catalá fue, nuevamente, preguntado sobre el destino de las tasas y, específicamente, Ester Capella, de Ezquerra Republicana, quien le inquirió sobre los 1,62 millones de euros anuales de tasas recaudas en Cataluña, de las que el gobierno autonómico no ha visto nada.

«Es una tasa que recauda y gestiona la agencia tributaria. Y como es evidente, destina los ingresos que obtiene a la atención de todos los fines de interés general que son financiados con los ingresos públicos. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan que dónde ha ido a parar el dinero de las tasas, pues posiblemente a pagar colegios, o centros sanitarios o salarios de militares o de policías o todas las atenciones que se financian con los ingresos del Estado. Por lo tanto, no están afectados ni a un fin, en esta caso la Justicia, ni a un territorio, como bien conoce su señoría», le contestó.

«La Justicia tiene su presupuesto, aproximadamente 1.200 millones de euros, y luego muchas partidas en todos los presupuestos las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, que también aparecen y que son financiadas conforme al modelo general de financiación de los servicios públicos. El enfoque de que las tasas deban quedarse en la justicia no me parece razonable. La justicia tiene que tener una financiación adecuada y ahí voy a estar peleando hasta el último euro», concluyó.

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