La investigación judicial sobre el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a chocar contra un muro. Y esta vez, de forma definitiva. La falta de cooperación internacional ha terminado por volver a archivar un procedimiento que apuntaba a uno de los episodios más graves de intrusión en la seguridad institucional del Estado.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado por segunda vez el archivo de la causa que investigaba el presunto espionaje a Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros mediante el software Pegasus.
El motivo es el mismo que ya obligó a cerrar el procedimiento en julio de 2023: la «impotencia investigadora» derivada de la negativa de Israel a colaborar judicialmente, país donde se desarrolló esta tecnología de ciberespionaje.
En un auto, el magistrado concluye que la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades israelíes impide avanzar en la identificación de los responsables. «La frustración de la ejecución de dichas comisiones impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna», razona el juez, lo que conduce inevitablemente al sobreseimiento.
Causa reabierta
La causa había sido reabierta tras el primer archivo para incorporar información procedente de Francia, donde las autoridades judiciales investigaban infecciones con Pegasus a teléfonos de periodistas, abogados, responsables políticos y miembros del Gobierno francés.
Sin embargo, el juez Calama constata ahora que esos datos no aportan nuevos elementos que permitan esclarecer quién estuvo detrás de las intrusiones detectadas en los terminales españoles, hechos que podrían encuadrarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
El instructor subraya que, pese a haber emitido, ampliado y reiterado en varias ocasiones las comisiones rogatorias a Israel, estas nunca fueron atendidas. A través de ellas, el magistrado pretendía recabar información de la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración en calidad de testigo a su consejero delegado.
Esta falta de cooperación, señala el auto, impide practicar nuevas diligencias de investigación y condena el procedimiento a una situación de «latencia». Solo un hipotético —y calificado como «poco probable»— cumplimiento de la comisión rogatoria o la aparición de nuevas fuentes probatorias permitiría reactivar la causa.
Cinco intrusiones en el teléfono del presidente
La investigación, iniciada en abril de 2022, permitió determinar que el teléfono móvil del presidente del Gobierno fue infectado en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021.
La intrusión más grave se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, cuando se habrían exfiltrado al menos 2,57 gigabytes de información. Este episodio coincidió con la entrada masiva de alrededor de 10.000 inmigrantes en Ceuta los días 17 y 18 de mayo, una crisis que llevó a Pedro Sánchez a desplazarse a la ciudad autónoma y posteriormente a Melilla junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Una segunda infección se detectó el 31 de mayo de 2021, con una exfiltración de 130 megabytes de datos. Ese mismo día, Sánchez participaba en Alcalá de Henares en la XIII Cumbre Hispano-Polaca junto al primer ministro Mateusz Morawiecki, mientras Marruecos hacía público un comunicado en el que vinculaba la crisis diplomática con España a la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La investigación también detectó infecciones en otros miembros del Ejecutivo. El teléfono de la ministra de Defensa, Margarita Robles, presentó indicios de haber sido infectado en cuatro ocasiones entre mayo y octubre de 2021. El del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo fue en dos ocasiones, los días 2 y 7 de junio de ese mismo año.
Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sufrido un intento de infección el 25 de junio de 2021, aunque la escasa cantidad de información extraída —inferior a un kilobyte— apunta a que el ataque no llegó a completarse, probablemente gracias a la existencia de una aplicación de seguridad instalada en el dispositivo.
Con este segundo archivo, la investigación judicial sobre el espionaje al corazón del Ejecutivo queda, de nuevo, en punto muerto. Y lo hace no por falta de indicios, sino por la imposibilidad de cruzar una frontera clave: la de la cooperación internacional.
