Los abogados del FROB y de Bankia que ejercen la acusación particular en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid se han atribuido de forma excluyente el papel de perjudicados, y por tanto el de beneficiarios, del dinero gastado con las citadas tarjetas, una vez sea recuperado.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha defendido su legitimidad frente a la Fundación Caja Madrid –sucesora de la caja extinta– y Bankia para reclamar las cantidades «ilícitamente» dispuestas con las tarjetas ‘black’ por los acusados debido al rescate de Bankia en 2012, que recibió más de 22.000 millones en ayudas públicas.
El letrado del FROB, Fernando Aizpún, ha explicado que debe ser este organismo quien perciba estas cantidades puesto que es «la entidad perjudicada» y quien saneó «con fondos públicos» y «por imperativo legal» la caja «para preservar la estabilidad del sistema financiero».
En el mismo sentido se ha manifestado el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, pero defendiendo que es la entidad financiera, como heredera legal de Caja Madrid, a la que deben restituirse los fondos.
Durante su intervención, Aizpún, ha dicho que la prueba practicada durante el juicio ha sido en algunos aspectos «terminante y contundente» para desmontar la estrategia de las defensas de que esas tarjetas eran legales, comunes en el sector y conocidas por los supervisores.
En concreto se ha referido a las pruebas aportadas por Bankia, que también ejerce la acusación particular, y ha dicho que la hoja Excel en la que se recoge el desglose de gastos de los 65 encausados está legítimamente obtenida e incluye información «fiable, auténtica y exacta» sobre las compras que cargaron a sus plásticos con un monto total de 15 millones de euros desde 1999 hasta 2012.
«No hay manipulación ni intervención humana» en la elaboración de la prueba pericial, según ha dicho Aizpún desmintiendo así a los exaltos cargos y directivos que alegaron que la tabla contenía errores y adjuntaban gastos simultáneos.
El letrado se ha remitido a la declaración prestada en calidad de testigo por el director corporativo de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que expuso que no existía ningún apunte contable manipulado en el Excel.
También ha defendido que en el informe pericial de KPGM aportado por la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri, se explica «muy claramente» la objeción existente en la normativa de cajas de ahorro a que este tipo de tarjetas se utilicen con fines personales, algo que a su juicio, es «indudable» que así se emplearon por los acusados, que se enfrentan a penas de prisión de entre un año y medio a seis por delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.
«Hay una objeción estatutaria infranqueable y teñiría de ilicitud cualquier acuerdo de órganos de gobierno de la caja para permitir retribuciones superiores a las que son limitadas por la ley o los estatutos», ha dicho el letrado que ha afeado a los 65 encausados su alegato de que los supervisores estaban al corriente de esta práctica. «Que la CNMV estuviera al tanto es aún más difícil de aceptar. Es un argumento ineficaz», ha añadido. (EP)
