Una propuesta ganadora: Mejorar la atención al ciudadano en las sedes judiciales

Hace unas semanas los Jueces Decanos de toda España -que representan a más de 2.000 jueces destinados en el primer escalón judicial- elaboraron un documento en el que analizaron numerosas cuestiones relativas al sistema judicial español y concluyeron la necesidad de modernización de la Justicia y de un gran Pacto de Estado.

Sin embargo no me voy a detener en las numerosas propuestas de reforma del sistema judicial que se proponen en dicho documento (disponible en la web oficial del CGPJ, poderjudicial.es), sino que me referiré a una cuestión muy concreta que también se abordó en dicho texto: la necesidad de mejorar la atención social a los usuarios de la Justicia.

Es evidente que el sistema judicial es deficiente en cuanto a la atención al ciudadano. Y también lo es que se trata de un aspecto en el que debemos mejorar. Es más, debe ser una máxima a tener en cuenta en el concepto de la Justicia como servicio público. Pero más aún falla en lo que podríamos denominar la “asistencia post-judicial”.

En este sentido los Jueces Decanos planteamos una propuesta muy sencilla pero que podría suponer un importante avance en esta cuestión: la creación de Oficinas de Información y Asistencia Social integradas por trabajadores sociales –y eventualmente juristas- para orientar a los usuarios de la Justicia en cuestiones o problemas de índole asistencial vinculadas a los pleitos, que desgraciadamente se detectan a diario en los Juzgados pero que los jueces no pueden atender aunque están íntimamente relacionados con los asuntos judiciales que conocen.

No es infrecuente que en este tema se utilice el símil del iceberg: el conflicto jurídico no es sino la parte emergida, visible, pero existiría una parte oculta que representa el problema social que subyace al litigio.

Como destacamos en el documento, dichas oficinas –que ya existen, por ejemplo, en el ámbito sanitario en los grandes hospitales– son imprescindibles en Justicia porque son muchos los conflictos que suelen acabar en los Juzgados, muchas veces situaciones que no se solucionan sólo con la respuesta judicial.

En este sentido, en las grandes sedes judiciales como las existentes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, etc… con numeroso Juzgados, son miles los ciudadanos que diariamente acuden a los edificios judiciales, planteando sus demandas y sus denuncias, pero al mismo tiempo son innumerable y a veces graves los problemas familiares, asistenciales o sociales que subyacen en dichos pleitos y que afloran como consecuencia del conflicto jurídico; se trata de situaciones que se refieren a familias desestructuradas, a personas desarraigadas, a familias afectadas por desahucios, a ancianos abandonados, a drogodependientes, a menores desatendidos, a personas con capacidad disminuida, etc…

En suma, las sedes judiciales son un punto de contacto y de referencia, un filtro perfecto para detectar y aflorar, a propósito de un conflicto, este tipo de problemas sociales y asistenciales, que el Juzgado a menudo no puede resolver –no les corresponde hacerlo-, pero lo que sí puede es redirigir al interesado a dichas oficinas.

Funciones del necesario servicio de atención al ciudadano

Las funciones de este servicio –que, en concreto en la ciudad de Valencia, por poner un ejemplo, ya ha sido solicitado expresamente por los magistrados de los Juzgados de Instrucción y de los Juzgados de Incapacidades- podrían ser, a título de ejemplo, y de modo similar a las que existen en grandes centros hospitalarios, las siguientes: proporcionar información sobre la existencia de plazas en centros de rehabilitación, de inserción social, de rehabilitación psicosocial, materno infantiles, de atención a la mujer, a ancianos, a menores en situación de desamparo o a discapacitados; información sobre dependencia o servicios disponibles de ayuda a domicilio, de asistencia en situaciones de alcoholismo o toxicomanías, de medidas de inserción laboral, sobre prestaciones económicas de la Seguridad Social (contributivas y no contributivas), sobre ayudas e información en caso de desahucios; actuaciones sobre escolarización, localización de grupos de ayuda mutua, facilitación de personal voluntario, asistencia en situaciones de donación de órganos, etc…

Es más, dichas oficinas contribuirían a difundir e impulsar la mediación, informando a los ciudadanos sobre la posibilidad de acudir a estos medios alternativos de resolución de conflictos; por otro lado, la función de dicho servicio ha de entenderse sin perjuicio de las funciones de atención a la víctima que la ley atribuye a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito que realizan una labor sencillamente encomiable, en el ámbito específico de las víctimas de delitos.

Finalmente, la implantación de dichas oficinas sería muy sencilla, el coste económico mínimo, y el beneficio social, enorme. No hay que olvidar que precisan muy escasos medios pero contribuirían a la prestación de un servicio integral en los Juzgados, no sólo jurídico, sino también social.

En fin, este tipo de servicio complementaría el trabajo judicial con el diagnóstico social, con apoyo e información, detectando problemas y buscando posibles soluciones en el ámbito asistencial, lo que acercaría al sistema judicial, un poco más, a ese concepto anhelado de una Justicia más humana, atenta y cercana a los problemas reales de los ciudadanos.

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