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La banca española debe acatar el fallo del TJUE sobre cláusulas suelo y no entrar en batallas judiciales
Entrada principal al edificio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo. G. Jessy/TJUE.
27/12/2016 05:56
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Actualizado: 24/6/2020 17:37
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De nuevo TJUE europeo ha vuelto a sacar los colores al legislador español. Tras aquel 14 de septiembre donde se cuestionaba el uso fraudulento de nuestra temporalidad laboral , ahora es el propio tribunal de Luxemburgo quien advierte de la nulidad de las cláusulas suelo tras la vista de abril pasado, donde la Abogacía del Estado, curiosamente, defendía la estabilidad financiera.
Los fallos del TJUE son de obligado cumplimiento. De hecho el mismo 21 de diciembre por la mañana ya había magistrados españoles que estaban haciendo caso a la citada sentencia y adecuando su resolución al nuevo contexto europeo.
No han esperado al Pleno que celebrará el Supremo dentro de unos días sobre esta cuestión.
El Tribunal Supremo que limitaba la retroactividad de las cláusulas suelo en un fallo del 2013 con argumentos ¡económicos¡, igual que el Banco de España en su informe en el Senado del 2010 donde ambas entidades hablaban de la quiebra del sistema bancario si se aprobase una retroactividad de las tasas.
Ahora tendrá pues que fijar esos criterios nuevos siguiendo la doctrina de Europa. No hay margen para ninguna maniobra fuera del TJUE.
La banca busca el combate, ¿por qué?
En estos días tras el tsumani del fallo del TJUE sorprende la postura beligerante de parte de la banca española que parece no va a dar su brazo a torcer en esta cuestión. Así lo han manifestado públicamente BBVA y Sabadell que prefieren meterse en cientos de contenciosos donde tienen todas las de perder, incluso su maltrecha reputación, que llegar a un acuerdo con sus clientes y abonarles ese dinero cobrado indebidamente.
Solo Bankia desde el principio ha hablado de negociar con los clientes uno por uno, sabiendo la complejidad de este asunto. Sería de desear que las entidades financieras que conocen el importe cobrado indebido porque en su día fue trasladado al Banco de España, entraran en razón y negociasen con sus clientes.
No tiene sentido entrar en una batalla judicial que va a colapsar más nuestros juzgados, ya de por sí maltrechos.
Desde la propia banca se confía en que muchos afectados no reclamen, bien porque ya les han devuelto el grueso de lo que les corresponde, bien porque han firmado acuerdos con el banco por los que se comprometen a no reclamar, bien porque ya han terminado de pagar la hipoteca y no quieren meterse en líos judiciales, etc.
Es más, pretenden ofrecer acuerdos a los clientes que, sin llegar a la devolución de todo lo cobrado indebidamente, les reparen una parte y hagan que no les salga a cuenta ir a los tribunales.
Aluvión de despachos que entran en liza en la contienda
La actitud de la banca, golpeada por este fallo de forma dura, ha generado un efecto nocivo en el sistema jurídico español. Alertados de la posibilidad de conflictos cientos de despachos de abogados, muchos de ellos carentes de experiencia en estos temas, han puesto el cartel de asesoramiento en cláusulas suelo para buscar su parte en este botín improvisado.
Lo dicen expertos reputados en un reportaje publicado por nuestra revista digital que estamos ante un tema complejo. Que hay que analizar caso por caso para saber realmente cuál es la situación de esas cláusulas suelo. Lo primero que tiene que hacer el afectado es acercarse a su entidad financiera con la documentación adecuada e indicar que están perjudicados por esas cláusulas nulas
CGAE e ICAB ya han manifestado públicamente buscar una vía rápida como es el arbitraje que no le cueste al consumidor dinero. No hablamos del arbitraje fallido de Bankia sino de un sistema tutelado por abogados para que funcione de forma correcta. Puede ser una alternativa a tener en cuenta si se hace bien.
Canalizar las reclamaciones de forma ágil
En este escenario donde el paso del tiempo puede enrarecer el ambiente, es necesario que Administración y Banco de España busquen el canal adecuado para que estas reclamaciones se hagan lo antes posible y sin merma de los derechos de los consumidores. El fallo afectará a los procesos pendientes, en los que todavía no exista sentencia firme. Pero hay que evitar el colapso de los juzgados con cientos de demandas que pueden llegar a nuestros tribunales.
Sin embargo, los expertos señalan que si existe sentencia firme, con efecto de cosa juzgada, no podrá quedar afectada por la decisión del TJUE, puesto que sería muy difícil que este supuesto tuviera encaje en los motivos previstos en el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el recurso de revisión.
Igualmente, en los procedimientos en trámite, se podrá alegar la resolución del Tribunal Europeo, que en cualquier caso vinculará al juez, que deberá dictar sentencia, si aprecia la falta de transparencia de la cláusula, anulándola y ordenando la devolución total de las cantidades pagadas en virtud de la misma.
Otro caso son los consumidores ya con sentencia firme a los que se les resarció los intereses a partir de mayo del 2013, no podrán pedir que el fallo del TJue les ampare. También pueden reclamar los clientes que ya hayan amortizado su hipoteca, siempre y cuando no hayan pasado cuatro años y tengan dichas cláusulas suelo.
El Gobierno aprobara este viernes medidas concretas
En este contexto, este viernes el Consejo de Ministros quiere aprobar una iniciativa, a través de un Código de Buenas Prácticas al que las entidades se podrán adherir de forma voluntaria, según anunció ayer el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
El objetivo del Ministerio de Economía es crear un vehículo que permita canalizar de manera exprés la devolución de los importes de forma extrajudicial y sin costes adicionales para el usuario.
Para ello es fundamental que desde la AEB, patronal bancaria, se convenza a las entidades financieras de no entrar en guerra en este tema. Los bancos deben cumplir la legalidad y las sentencias que les atañen. Nadie debe estar por encima del Estado de Derecho si queremos que éste se mantenga sólido.
Según datos del Banco de España las cantidades a devolver rondan los 4.200 millones de euros. Entrar en litigios, supondría que esa cantidad se incrementaría con las costas judiciales.
Es el momento que las entidades bancarias mejoren su reputación y atiendan a sus clientes como merecen. Cualquier otro escenario nos metería en una dinámica judicial de imprevisibles consecuencias para todos.
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