La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) va a recurrir ante la Audiencia Provincial el archivo de la denuncia presentada por este sindicato, y otras organizaciones, por delitos contra la salud pública y la seguridad de los trabajadores en la denominada crisis del ébola, en la que resultó contagiada la auxiliar de enfermería del hospital Carlos III Teresa Romero.
Igualmente, José María Garzón, socio director de Garzón Abogados y representante legal de Teresa Romero, ha anunciado que recurrirán el archivo provisional de la denuncia por los supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores y la seguridad pública, resultado de su contagio por el virus del ébola, decretado por la magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid.
Ambas partes, opinan que el mero contagio de Romero mientras atendía a uno de los dos misioneros fallecidos en este centro hospitalario víctimas del ébola es prueba «más que suficiente» para acreditar que los medios facilitados a los trabajadores «no fueron los necesarios» y que la formación que estos recibieron «fue escasa, por no decir nula».
La propia Romero, tal y como ha recordado el sindicato, aseguró en su declaración del 16 de marzo del año pasado ante la juez Teresa Abad Arranz que no tuvo formación específica para tratar a pacientes infectados de ébola. Por ello, considera que ha quedado acreditado que tanto Romero como otros sanitarios del Carlos III sólo recibieron un taller de una hora con «nociones básicas» sobre el ébola.
A la declaración de esta auxiliar de enfermería, se une la propuesta de requerimiento de la Inspección de Trabajo de 21 de noviembre de 2014 tras la visita efectuada al Carlos III un mes antes.
En dicho informe, según CSIF, la Inspección cuestiona el procedimiento de actuación de colocación y retirada de equipos de protección individual (EPIS) del Hospital La Paz-Carlos III, el cual se había elaborado «sin contemplar la evaluación del riesgo de la acción, ni la información sobre la estructura de la habitación de aislamiento ni de la esclusa de contención».
«No hay identificación de los riesgos ni acciones propuestas para evitar o minimizar el riesgo, ni se establece planificación de responsables ni técnicos para acometer las acciones preventivas. En definitiva, el procedimiento protocolizado que puede constituir uno de los probables focos de contaminación del personal expuesto a riesgo, a pesar de haberse modificado y ampliado desde el 07.10.2014 no se ha evaluado ni planificado adecuadamente en cuanto a riesgos de seguridad y salud de los trabajadores», señala el informe.
Por otra parte, el sindicato ha denunciado que el auto de archivo no hace mención a la actuación del SUMMA 112, en concreto su gerente, en la denominada crisis del ébola sobre la aplicación de los protocolos, la ausencia de formación de los profesionales, como los equipos utilizados.
«Acompañamos nuestros escritos de abundante documentación y de testimonios de trabajadores que la magistrada parece no haber tenido en cuenta. Asimismo, esta juez tampoco ha aceptado en esta fase de instrucción tomar declaración a numerosos sanitarios del Carlos III y otros testigos relacionados con el caso, tal y como propuso CSIF y el resto de denunciantes», ha zanjado el sindicato.
Garzón Abogados, por su parte, afirma que “Hay un hecho incontrovertido: Teresa Romero se contagió. Desde nuestro punto de vista, es necesario determinar cuándo, dónde y de qué manera. Si no se consigue, la investigación es fallida”, añade.
Garzón recuerda que la denuncia no fue iniciada por Teresa Romero sino por la la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-F), antes de que se produjera el contagio. EP/CONFILEGAL.
