María Teresa Abad Arranz, titular del Juzgado de Instrucción 21 de Madrid, ha citado a declarar el próximo miércoles, a las 10.30, a Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que se contagió del virus del ébola mientras cuidaba al misionero Manuel García Viejo, que había sido repatriado desde Sierra Leona ya infectado.
Junto a Teresa Romero, se ha citado también a la doctora Rosa Martín de Cabo, la médico de familia que atendió a la auxiliar de enfermería en Alcorcón, con la que Romero mantuvo una disputa legal en torno a si le había dicho o no que había estado en contacto con personas infectadas de ébola; ambas comparecen como perjudicadas.
Abad Arranz lleva la investigación abierta a raíz de la querella presentada –contra el director del Hospital Carlos III y el director del Summa 112 de Madrid– por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-F), y del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), a la que se unió el despacho que representa a Romero, Garzón Abogados, por un supuesto delito contra la Salud Pública y otro contra la seguridad de los trabajadores.
El Código Penal castiga con pena de prisión de seis meses a tres años y multa a quienes, incumpliendo las normas de prevención de riesgos, no faciliten medios necesarios a los trabajadores, poniendo en grave peligro la vida, la salud o la integridad física de éstos (arts. 316 y 317).
La magistrada tiene que determinar si, en el caso del contagio de Teresa Romero se cumplieron todos los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si se contaba con un plan de prevención, si había equipos adecuados de protección individual, si los trajes utilizados por los sanitarios para asistir a los dos misioneros repatriaos fueron los adecuados, si se dio formación individual y teórica suficiente para prevenir el contagio del bola, si se informó de forma clara y eficaz a todos los trabajadores que conforman la cadena de servicio del hospital y, en suma, si se dotó a todos los hospitales y centros de salud de la información y de los medios suficientes para afrontar un potencial riesgo de contagio del virus.
El sindicato CSIF fue uno de los iniciadores de esta querella en octubre de 2014 cuando presentó ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia contra los mencionados directores por la supuesta mala gestión de la crisis del ébola. Junto a la denuncia ante la Fiscalía, la CSIF presentó una segunda ante la Inspección de Trabajo, cuyo resultado ha contribuido a impulsar la instrucción de este caso.
Junto con las denuncias, la CSIF aportó un «nuevo dato» según el cual el Centro Coordinador de Urgencias decidió no comunicar a Salud Pública los signos evidentes de la enfermedad de Romero pese al testimonio del médico que la atendió en su casa, que «alertó de que presentaba signos de haber sido infectada», y el riesgo evidente al que se expuso posteriormente a los profesionales sanitarios.
