La Comisión Interasociativa de Madrid (CIM), que conforman las secciones territoriales de las 4 asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- está últimando un informe «radiográfico» sobre el estado de las dependecias judiciales de la Justicia en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Según ha podido saber Confilegal, la recogida de datos comenzó hace 20 días, mucho antes de que se incendiara una de las 4 dependencias que tiene la Justicia en Torrejón de Ardoz, ciudad a 21,9 km al este de Madrid capital.
Las competencias en materia de Justicia en la Comunidad de Madrid están transferidas por lo que le corresponde al Gobierno regional el facilitar los medios necesarios -y conservarlos- para que jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios puedan realizar su trabajo.
La redacción final del informe estará ultimada en diez días, aproximadamente, con el objetivo de entregarla a la Asamblea de Madrid y a la presidenta de la Comunidad Autónoma, la popular Cristina Cifuentes, a la que ya pidieron hora para mantener una reunión y de la que no tienen noticia todavía.
La CIM ha optado por iniciar un diálogo con Cifuentes en vez de con el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía, Ángel Garrido, porque consideran que «no es un interlocutor válido».
«A las pruebas de cómo está la justicia en Madrid nos remitimos. El incendio de Torrejón es un claro ejemplo. El consejero sabe de interior y de policía, pero desconoce lo que es la Justicia», explicaron fuentes de la CIM a este diario.
Un objetivo concreto
«Nuestro objetivo es acabar con esta inercia y dejadez que existe en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Le corresponde al Gobierno regional dotarnos de los medios necesarios para hacer justicia y no están cumpliendo con esa obligación», añadieron.
«El informe que estamos terminando de redactar no sólo cuenta en qué estado se encuentran los edificios judiciales, también abordamos la seguridad e higiene, los riesgos laborales, la limpieza, los problemas informáticos, de personal, así como los tiempos de espera», añadieron.
«Se trata de hacer una ‘fotografía’ de cómo se encuentra la Justicia en la CAM en estos momentos. ¿Una radiografía? También».
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid propuso, al principio de esta legislatura que se creara una comisión de estudio de las sedes judiciales precisamente con este fin: conocer sedes judiciales con el fin de conocer y analizar su estado actual a través de una auditoría en profundidad.
“El objetivo era muy simple: proponer mejoras. Poner a la Justicia donde debería de estar. Pero el PP se opuso a ello. Ciudadanos le secundó y Podemos se abstuvo”, según contó la diputada regional socialista -y magistrada en servicios especiales- Pilar Llop.
La CIM está compuesta por 12 magistrados: María Jesús del Barco, María Jesús López Chacón y Eva Ramírez, por la APM, Ramón Rodríguez Jackson, José Manuel Ruiz Fernández y Natalia Velilla, por la AJFV, Ivana Redondo, Leandro Martínez y Manuel Omedo, por JpD, y Ángel Rubio, Ana Revuelta y Amaya Castaño, por FJI.
Las cuatro asociaciones suman el 67 por ciento de los 732 jueces y magistrados destinados en la Comunidad de Madrid. Un 17 por ciento más que en el resto de España donde existe paridad: 50 por ciento de asociados y 50 por ciento no asociados.
La CIM se constituyó en diciembre pasado como una consecuencia directa de la política de colaboración y unidad en las decisiones que las cuatro asociaciones de jueces aplican a nivel nacional desde hace más de un año.
Ayer se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en lo que supuso su presentación institucional.
Abiertos a colaborar con el resto de operadores
La CIM está dispuesta a colaborar con los sindicatos de funcionarios, con las asociaciones de fiscales y letrados de la Administración de Justicia, con los parlamentarios regionales de la Asamblea de Madrid y con el Gobierno de la Comunidad para sacar a la Justicia de Madrid del estado de retraso y ausencia de modernización de medios en los que se encuentra.
