El magistrado Fernando Presencia en el Juzgado del que era titular. Confilegal.
Admitida a trámite una denuncia por supuesta prevaricación de la jueza sustituta que ordenó la detención del magistrado Presencia
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08/2/2017 05:59
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Actualizado: 17/2/2017 19:30
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María del Carmen Pozuelo Sánchez, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Talavera de la Reina, ha admitido a trámite una denuncia por supuesta prevaricación de la jueza sustituta, María Soledad Losana de los Reyes, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2, quien ordenó la detención del magistrado Fernando Presencia el pasado 1 de febrero.
Según la magistrada Pozuelo Sánchez, y siguiendo la denuncia presentada por Presencia, debe investigarse si la jueza sustituta debería haberse abstenido de instruir la querella por injurias y calumnias contra el magistrado, presentada por el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, quien ejerce como jefe de la Sección de la Fiscalía de Talavera.
Presencia recusó, el 27 de diciembre de 2016, a Losana de los Reyes, que ahora ocupa la titularidad de su propio Juzgado.
En un primer momento, invocó el supuesto interés de la jueza sustituta en prolongar sus funciones en ese Juzgado, como consecuencia de la suspensión cautelar de Presencia. Y porque el magistrado consideraba que Losana de los Reyes no podía tener jurisdicción sobre él al estar aforado en la instrucción de la mencionada querella.
La jueza sustituta respondió desestimando dicha recusación el 16 de enero.
A lo que Presencia contestó con un recurso de amparo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por considerar que la jueza sustituta estaba vulnerando su inmunidad como juez.
El magistrado no ha perdido su condición de magistrado puesto que la sentencia de inhabilitación, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), no es firme porque está recurrida ante el Tribunal Supremo. Sigue siendo, por lo tanto, aforado, con todos los derechos y protecciones inherentes al cargo.
Así lo entiende la magistrada María del Carmen Pozuelo Sánchez.
Y la única instancia que es competente para instruir las querellas como la citada contra un magistrado, es, en este caso, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM.
«Por consiguiente, este Juzgado de Instrucción [Primera Instancia e Instrucción 2] carece de competencia objetiva para la instrucción de los hechos objeto de denuncia (artículo 87.1. a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial), debiendo inhibir a la mencionada Sala de lo Civil y Penal», dice el auto de la magistrada.
Recusación convertida en denuncia
Presencia convirtió la recusación que había presentado el 27 de diciembre contra la jueza sustituta en denuncia, 24 horas antes de que esta ordenara su detención -el 1 de febrero- a través de un escrito presentado ante la Comisaría de Policía de Talavera de la Reina.
En el mismo relataba las acusaciones contra el mencionado fiscal De la Cruz Andrade por los «supuestos hechos delictivos» de «blanqueo de capitales, delito medioambiental y delito contra la ordenación del territorio», por la construcción de un chalet en supuestamente zona prohibida, junto al Arroyo Berrenchín, de la localidad de Pepino, colindante con Talavera de la Reina.
El magistrado Presencia también se refiere a «otros hechos delictivos que no se identifican penalmente», dice la magistrada, pero que se refieren a las autoridades judiciales «Juan Ramón Brigidiano Martínez, magistrado juez decano de los Juzgados de Toledo y titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Toledo», y a «Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo».
La magistrada María del Carmen Pozuelo Sánchez, en consecuencia, se inhibe, por no ser competente debido al aforamiento de Presencia, respecto a la denuncia por supuesta prevaricación de la jueza sustituta, María Soledad Losana de los Reyes, y lo envía a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM.
Y sobre la segunda denuncia, la de los supuestos delitos cometidos por el fiscal, y por los dos magistrados, la envía al Decanato de los Juzgados para su reparto para que se investiguen los hechos.
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