Las tres asociaciones de fiscales -la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- respondieron ayer al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que lo anómalo no es que unas fiscales discrepen del criterio del informe de la Fiscalía Anticorrupción, sino que no discutan las órdenes que consideran improcedentes. La UPF ha llegado a pedir la dimisión de Catalá por «cuestionar» su autonomía.
La UPF pidió la dimisión de Catalá por «cuestionar» la autonomía del Ministerio Fiscal.
El portavoz de la APIF, Miguel Pallarés, aseguró que le han sorprendido las manifestaciones de Catalá en las que exhorta a las dos fiscales del caso Púnica a acatar el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que, en contra de su criterio, se muestra contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el marco de esta trama.
«Una situación jerárquica no es solamente para ordenar casos concretos sino que obedece a la finalidad de conseguir seguridad jurídica», argumentó Pallarés, que a su vez emitió una nota en la que reivindicó la autonomía de los representantes del Ministerio Público para ejercer su trabajo conforme a la interpretación de cada asunto.
La nota constaba de siete puntos en la que matizaban que el fiscal que recoge una orden concreta de un asunto no tiene la obligación de acatarla y recordaban que la única facultad que tiene el Ejecutivo con el Ministerio Público es interesar que la figura del fiscal general del Estado promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público.
Por otra parte, la APIF consideraba necesario «constituir a nivel de fiscalías periféricas secciones de delitos relacionados con la corrupción potenciando sus medios personales y materiales».
Y advertían de que «con estos acontecimientos el Ministerio Fiscal, tal como está configurado, se aleja aún más de poder asumir la función de instrucción de las causas penales«.
PIDEN LA DIMISIÓN DE CATALÁ
La UPF, por su parte, pidió la dimisión de Catalá por «cuestionar» a las fiscales del caso Púnica, en el marco del cual el magistrado instructor Eloy Velasco atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia y otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro.
La UPF precisó que Rafael Catalá había actuado con «absoluto desconocimiento de la Ley» en lo que consideraron una «intromisión intolerable» del trabajo del Ministerio Público por parte del Ejecutivo.
Pese a ello, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, matizó en la mañana de ayer que, «en absoluto», había recibido presiones para pedir que no se investigue al político popular. Y añadió que se trataba de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
En consecuencia, le sorprendió la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
Igualmente, desde la AF se recordó a Catalá que el cargo que ocupa le obliga a no tomar partido ni dar su opinión sobre esta cuestión para no dar «la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial», algo que no tolerarían.
Asimismo, incidieron en que «la discrepancia en los dictámenes opera con normalidad» dentro de la carrera por los cauces estatutariamente establecidos, «sin que ello suponga crítica ni cuestionamiento del buen hacer de los autores de los mismos».
POSTURA DE LOS MAGISTRADOS
Desde Jueces para la Democracia (JpD), asociación de jueces en la misma sintonía que la UPF, solicitaron que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y reivindicaron la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal.
«El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración», afirmó su portavoz, Ignacio González Vega.
Tampoco se mostró partidario de que el Ministerio Público instruya causas penales, en referencia a una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que busca que el fiscal releve al juez al frente de la investigación penal.
Foro Judicial Independiente -la cuarta asociación de jueces- por su parte, declaró que mientras que el Ministerio Público no sea un órgano «absolutamente independiente», no cabe otorgarle la investigación de las causas.
«No es lo mismo que instruya un órgano independiente como puede ser un juez de instrucción que no está jerarquizado que un órgano que está fuertemente jerarquizado», aseguraron. CONFILEGAL/EP.
