Sede del Consejo General del Poder Judicial. Confilegal.
Si no hay un compromiso serio por parte de las Comunidades Autónomas, el «plan de urgencia» no saldrá
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22/2/2017 05:59
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Actualizado: 22/2/2017 01:35
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Este ha sido el mensaje inequívoco que los jueces decanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca, Bilbao, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, A Coruña, Santander y Oviedo, recibieron ayer por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante la reunión que celebraron en el órgano de gobierno de los jueces, en la capital de España, y que duró dos horas y cuarto; entre las 12.30 y las 14.45.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que venía de celebrar con Lesmes una reunión de la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio -que ambos copresiden-, participó durante los primeros minutos de la reunión con los jueces decanos, en la que también estuvieron presentes los siete vocales de la Comisión Permanente.
Rafael Catalá explicó a los jueces decanos los compromisos de su departamento en relación con la dotación de medios personales y materiales a los Juzgados de Primera Instancia que sean especializados.
El objetivo de la reunión era vencer las fuertes resistencias entre los jueces al «plan de urgencia» aprobado por la Comisión Permanente el pasado 9 de febrero.
«No lo tenemos claro. No tenemos confianza de que nos vayan a poner los medios necesarios. En especial en las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas», explicaron algunos de los asistentes a Confilegal.
La creencia mayoritaria entre los jueces decanos es que esa colaboración es improbable que se produzca, en la línea del acuerdo tomado por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valencia, que decía que que “confiar una y otra vez en la generosidad de medios y el compromiso firme del Ministerio de Justicia y de las CC.AA.” es “una premisa bienintencionada pero errónea y que roza la ingenuidad”,
Sin embargo, sí había satisfacción por las palabras de Lesmes: «Si no hay un compromiso serio por parte de las Comunidades Autónomas no se aplicará el ‘plan de urgencia'». Pero él sí cree que se producirá.
Precisamente, en la reunión que la citada Comisión Permanente del pasado 16 de febrero celebró con los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas citadas, se les encomendó que mantuvieron contacto con las diferentes consejerías de Justicia con ese fin.
Críticas
Una de las críticas más extendidas al mencionado «plan de urgencia», que contempla la atribución a un solo Juzgado en cada una de las 50 provincias de las demandas por cláusulas abusivas contra los bancos, es que «para hacerlo han partido de los análisis de los sistemas que se aplicaron en Lugo y Santander, y que funcionarios bien, para hacer frente a las demandas de las preferentes. Pero no todos los juzgados son iguales en toda España. Habría que hacer una valoración de asuntos previa y calcular en qué territorios las demandas van a tener más incidencias. Desde nuestro punto de vista, todo esto está cogido con hilos».
No obstante, la mayoría fue a la reunión con la mente abierta y queriendo dejar claro que no querían poner obstáculos, si había medios materiales y humanos adecuados.
«Un juez resuelve alrededor de 1000 casos al año. Si metes toda la tralla de recursos a un solo Juzgado, éste órgano tiene que contar con medios. De otra forma, es como la creación del ‘banco malo’. Se estarían creando ‘juzgados malos’, donde se estarían enterrando estas demandas», explicaron.
Durante la reunión, se variaron algunos de los planteamientos iniciales. «Habrá distintos niveles de refuerzo en función de la entrada de asuntos en cada órgano judicial». «Cuando el ingreso de asuntos sea extremadamente bajo se podrá conceder una exención de reparto al juez titular, de modo que sea éste, sin necesidad de otro refuerzo, quien resuelva las demandas sobre cláusulas suelo que lleguen a su Juzgado». «A medida que se incremente la entrada de asuntos se pondrán en marcha niveles superiores de refuerzo: nombramiento de un Juez de Adscripción Territorial (JAT); o nombramiento de un JAT, de un letrado de la Administración de Justicia y de funcionarios para la tramitación de los asuntos, constituyendo un ‘Juzgado bis’».
O «las medidas se concretarán en función del ingreso de asuntos y de las circunstancias del ámbito territorial en el que tenga su sede el Juzgado especializado, de modo que en aquellos lugares donde la carga de trabajo sea más elevada se adscribirán al Juzgado tantas ‘unidades’ de JAT, letrado de la Administración de Justicia y funcionarios como sean necesarios», según explicó después el CGPJ en un comunicado.
«Los miembros de la Comisión Permanente también han detallado durante el encuentro cómo será la formación que reciban los Jueces de Adscripción Territorial que sean destinados como refuerzo a esos Juzgados en materia de cláusulas suelo, explicando que habrá una parte presencial y otra online, con un aula virtual y tutores», añaden.
Sea como fuere, lo esencial es conseguir que las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia se suban al carro del «plan». Porque si eso no sucede, no habrá ni plan ni carro que lo lleve.
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