Sede de los Juzgados de lo Civil en la calle del poeta Joan Maragall, antes Capitán Haya, en Madrid, donde tienen su sede los Juzgados de cláusulas suelo. Carlos Berbell/Confilegal.
El «plan de urgencia» del CGPJ para las cláusulas suelo colapsaría el Juzgado especializado en Madrid
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20/2/2017 15:16
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Actualizado: 20/2/2017 15:17
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La Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Madrid, compuesta por 83 magistrados, advierte que el «plan de urgencia», proyectado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para hacer frente a las cláusulas abusivas podría provocar el colapso del Juzgado especializado, lo que perjudicaría a los consumidores y beneficiaría a las entidades financieras.
«El plan de urgencia, en los términos en los que está proyectado, podría producir, como efecto perverso para los afectados, la demora» por «el previsible colapso de ese único juzgado especializado con exclusivo provecho de las entidades financieras», dice la Junta Sectorial en el acuerdo tomado el pasado 17 de febrero, al que ha tenido acceso Confilegal.
La Comisión Permanente del CGPJ aprobó, el 9 de febrero, el mencionado «plan de urgencia», que contempla la atribución a un solo Juzgado en cada una de las 50 provincias de las demandas por cláusulas abusivas contra los bancos.
La Junta Sectorial de Jueces rechaza, en su acuerdo, dicha «especialización».
«La Junta rechaza la ESPECIALIZACIÓN propuesta consistente en atribuir a un único Juzgado de los de Primera Instancia de Madrid -ya colapsado por el número de los asuntos en trámite y en ejecución aun cuando fuera el que se encuentre en ‘mejor situación’- el conocimiento exclusivo de las materias a que se contrae el plan de urgencia».
Alternativa a la especialización
Los 83 magistrados de lo Civil de Madrid plantean, como alternativa más eficaz a la especialización del CGPJ, la adecuación de la Planta Judicial y la creación de nuevos Juzgados de Primera Instancia; desde 2010 no se ha creado ninguno.
Sin embargo, hasta que eso llegue plantean la constitución de un «refuerzo genral de todos los Juzgados de Primera Instancia de Madrid», con vocación de permanencia.
Al mismo deberían adscribirse jueces, letrados de la Administración de justicia y funcionarios en número suficiente, con locales y medios materiales adecuados para su correcto funcionamiento, posibilitando así detraer una parte proporcional de «todos los asuntos de nuevo ingreso» que sean turnados los Juzgados de Primera Instancia, tal y como se viene haciendo desde el año 2015 en los Juzgados de lo social de Madrid con un resultado absolutamente eficiente.
Provincialización inadecuada
La Junta Sectorial de Jueces también considera «inadecuada» la «provincialización de la competencia para conocer de los litigios individuales sobre condiciones generales de contratación por estimar que generará un perjuicio añadido al consumidor al desplazarle del fuero ordinario de su domicilio».
Y recrimina al CGPJ que no haya tenido en cuenta las singularidades que caracterizan la jurisdicción civil de Madrid.
Singularidades como que los Juzgados de Primera Instancia reciben demandas en virtud del fuero electivo en muchos procedimientos en los que no existe vinculación territorial alguna, que Madrid es la provincia con mayor número de habitantes de España (residen 6,5 millones de personas, doblando en número a la segunda provincia más poblada) y que «la atribución de los asuntos a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid se ve incrementada por el hecho de que este partido judicial se conocen de demandas con acciones acumuladas en las que el fuero territorial es del domicilio del demandado, de manera que la especialización podría obligar al consumidor a desacumular acciones y reenviar el procedimiento a un fuero distinto, con claro perjuicio para el consumidor».
Juzgados sobrecargados
La Junta Sectorial de Jueces recuerda al CGPJ que «todos los Juzgados de Primera Instancia de Madrid están sobrecargados en el momento presente –como consecuencia de la multitud de procedimientos relativos a productos bancarios de todo tipo (swaps, preferentes, subordinadas, acciones de Bankia, hipotecas multidivisa,…), al control de oficio de cláusulas abusivas en todos los asuntos en los que intervienen consumidores, a la asignación de nuevas competencias detraídas de los Juzgado de lo Mercantil (acciones individuales de condiciones generales de la contratación y concursos de personas físicas) y al incremento de procedimientos civiles relacionados con la circulación vial como consecuencia de la desaparición de las faltas penales (lesiones derivadas de accidentes de circulación)».
Por ello, reiteran que la única solución efectiva es un proyecto integral para solucionar la congestión judical que se está padeciendo.
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