Congreso de los Diputados en esta legislatura. Congreso.
Asociaciones profesionales cuestionan la viabilidad del Proyecto de Ley de Contratación Pública
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25/2/2017 05:57
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Actualizado: 24/2/2017 20:51
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La Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) se han unido para redactar una propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que ha presentado el Gobierno ante el Congreso de los Diputados, por el cual se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23UE i 2014/24UE.
Las tres entidades ya han enviado las enmiendas a los partidos políticos con representación parlamentaria, la aprobación de las cuales eliminaría ambigüedades y contradicciones, y permitirían a las pymes un mejor acceso a la contratación pública.
La propuesta también se hará llegar a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
De estos colectivos se alerta de que se trata de una Ley con una gran transcendencia para la economía ya que la contratación pública supone casi el 20 por ciento del PIB. E
n este contexto, coinciden en señalar que pese a que el espíritu del proyecto de Ley va a favor de las pymes, el redactado queda muy lejos de esa realidad y, por lo tanto, una vez se incumplen palabras y promesas a favor de las pymes.
Por otro lado, las entidades aseguran que el texto es ambiguo y no contempla las medidas realmente necesarias para facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública y, por tanto, no cumple con uno de los mandatos de las Small Business Act (SMB).
Cabe destacar que las entidades ya denunciaron ante Europa la no transposición de las directivas
Manifiestan que el proyecto de Ley no apuesta decididamente por la división en lotes, tal y como establece la directiva europea. Todo y que exige la justificación de la no división, el mismo texto normativo ya ofrece motivaciones suficiente amplias al órgano de contratación para no dividir el contrato en lotes.
Este tipo de división es la manera de garantizar un mejor acceso de las pymes a la contratación pública y generar un mayor crecimiento de nuestra economía y empleo.
En relación a las prohibiciones de contratar, el Proyecto de Ley no recoge la demanda de que se cumpla escrupulosamente la legislación vigente en materia de morosidad. De hecho, el proyecto de ley permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las Directivas Comunitarias.
De forma paralela desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) se ha solicitado a los grupos políticos que el Proyecto de Ley de Contratación Pública que se debate en el Congreso atienda –como reclama Europa– a criterios sociales y medioambientales, y no solamente a la oferta más ventajosa.
CEPES mantiene contactos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para trasladar e incluir en el futuro texto legislativo todas sus propuestas, en especial la transposición del artículo 77 de la Directiva Europea, que no ha sido incluido en el proyecto de ley y que indica que se tengan en cuenta criterios sociales y medioambientales en materia de contratación pública.
“Es importante destacar que todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo y reconocimiento a las propuestas de CEPES, por lo que confiamos que las diferentes fases de la tramitación parlamentaria recojan los contenidos propuestos desde la Economía Social, y supongan un cambio en la concepción de la contratación como una herramienta de política pública que contribuye a la generación de riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial”, señaló el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
El proyecto de ley no tiene en cuenta a la Economía Social
CEPES considera que este proyecto de ley, que supone el 20 por ciento del PIB, no aprovecha todo el potencial que la Directiva Europea ofrece para que las empresas y entidades de la Economía Social participen en los procesos de contratación pública. “Actualmente”, ha añadido Pedreño, “el porcentaje de contratos públicos adjudicados a empresas y entidades de la Economía Social resulta muy escaso en relación con su peso real en el PIB y en el empleo”.
Para cambiar esta situación, CEPES apuesta porque la transposición al ordenamiento jurídico español incluya las propuestas referidas a múltiples aspectos que no han quedado contemplados en los Proyectos de Ley, a pesar de que muchos de ellos fueron defendidos por el Consejo Económico y Social.
Desde esta entidad se insiste en superar el “desfasado concepto de la oferta económica más ventajosa” a la hora de adjudicar contratos públicos, y sustituirlo por el de “mejor relación calidad-precio”, como establece la Directiva, así como la inclusión obligatoria de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación y en las condiciones de ejecución de los contratos.
Otra cuestión que se reclama desde este colectivo es la aplicación efectiva y con garantías de la reserva obligatoria de contratos para las empresas cuyo objeto social sea la creación de empleo para personas con especiales dificultades de empleabilidad (Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y Cooperativas de Iniciativa Social).
También se pide que se dote a las Administraciones Públicas de las herramientas establecidas en la Directiva para realizar reservas potestativas de contratos a favor de empresas propiedad de los trabajadores, o en las que los trabajadores participan en su gestión, siempre en las categorías de contratos de servicios sanitarios, educativos, culturales, sociales… tal y como establece el Artículo 77 de la directiva.
Al mismo tiempo se demanda que se clarifique los supuestos de subrogaciones empresariales que afectan a modelos específicos de empresas de Economía Social, Cooperativas de Trabajo Asociado y Centros Especiales de Empleo y que se recoja en la normativa estatal, por primera vez, la posibilidad para las Administraciones Públicas de acogerse a las figuras de autorización y licencia (conciertos sociales) para la provisión de servicios sociales por parte de operadores sin ánimo de lucro.
Por último, desde CEPES se reclama la plena efectividad inmediata de la prohibición para contratar con las administraciones para aquellas empresas que incumplan la obligación de contratar a personas con discapacidad (cuota de reserva).
Desde esta entidad se considera que la inclusión de estas propuestas en la futura legislación española de contratación pública garantizará la eficiencia y racionalización de los presupuestos públicos, al fomentar la participación de las pymes y empresas y entidades de la Economía Social, un sector que demuestra que es posible compaginar la generación de riqueza con la cohesión social y territorial.
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