El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, junto a Margarita Robles, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. Confilegal.
Maza asegura que no obedeció «órdenes de nadie» en el caso del presidente de Murcia
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01/3/2017 15:34
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Actualizado: 01/3/2017 18:27
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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado que no recibió órdenes de nadie para oponerse a la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica, una decisión que estuvo avalada por dos informes jurídicos y con la que él, ha reconocido, está de acuerdo.
En su comparencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Maza ha respondido así a las preguntas de los grupos de la oposición sobre este asunto.
El fiscal general del Estado ha centrado gran parte de su réplica a explicar el relevo en la cúpula fiscal y sobre las supuestas injerencias políticas en su decisión de no pedir la imputación del presidente de Murcia.
La primera parte de su comparencia muy técnica ha sido muy criticada por los grupos parlamentarios, que irónicamente «le han agradecido las clases sobre el funcionamiento de la Fiscalía» y «refrescar conceptos». Más de tres horas ha aguantado el fiscal general del Estado, las duras crítica sobre las sospechas de injerencia política, que Maza ha intentado mitigar en asegunda parte de su intervención.
Sobre Pedro Antonio Sánchez, Maza ha relatado cómo fue el proceso de toma de decisiones respecto al informe que la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, envió al juez Eloy Velasco defendiendo la falta de pruebas para imputarle, en contra del criterio de las dos fiscales del caso.
Ha reconocido que dio instrucción a Suárez de emitir ese informe, pero no por orden de nadie, sino que tomó esa decisión en base a dos informes, uno de la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal y otro, de los cuatro fiscales de Sala de Supremo.
Y posteriormente, ha preguntado a los presentes»¿Creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a darle traslado a un equipo de eminentes juristas (…) para que me llevasen la contraria y quedar desairado? ¿lo creen realmente?».
Además, Maza, ha aclarado en su turno de réplica que lleva días «mordiéndose la lengua» ante a algunas informaciones críticas con las propuestas de nombramientos y los temas de inherencia, pero que creía que debería dar la explicaciones primero ante el Congreso.
CRÍTICAS A LOS MEDIOS
En este sentido también ha criticado algunas informaciones publicadas. Concretamente, ha manifestado sentirse muy molesto por una información en la que se afirmaba que él no había renovado a José Luis Bueren al frente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía por indicación de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés. “Con esa señora he coincidido tres veces». “Fíjense que calidad de información tenemos”, ha subrayado.
LA OPOSICIÓN VE «DUDAS» EN SU GESTIÓN
Los partidos de la oposición no han quedado satisfechos con las explicaciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza y le han reprochado su falta de imparcialidad después de tres meses en el cargo, en los que ha sembrado «dudas» y «sospechas» de injerencias políticas en causas de corrupción.
Para el PSOE, las actuaciones del fiscal general en Murcia y La Rioja, ente otras, no han hecho más que «amontonar las sospechas» que ya suscitó su nombramiento en noviembre sobre que «por fin el PP ha encontrado al fiscal idóneo».
El portavoz socialista, Juan Carlos Campo, ha resumido en dos palabras, «sospecha» y «decepción», el sentir de los socialistas respecto a Maza.
Tras manifestar su «sospecha de trato de favor y filtración al Gobierno, quizá vía Ministro de Justicia, sobre la investigación que ponía el foco en el presidente de Murcia», Pedro Antonio Sánchez, el representante del PSOE se ha mostrado convencido de que el relevo en la cúpula fiscal responde a una «confluencia de intereses» y a un «nexo común».
«La Fiscalía general del estado se debe a los ciudadanos y que el diseño de las políticas debe girar entorno a sus necesidades», ha indicado el portavoz socialista.
Campo le ha recordado a Maza que “El crédito ciudadano en las instituciones y la legitimación social del conjunto del sistema democrático están fuertemente relacionados con la capacidad de las propias instituciones y de la legislación, para generar en la ciudadanía confianza en su funcionamiento, para que las perciban como instrumentos eficaces y confiables”
Tras la réplica de José Manuel Maza, el portavoz socialista, ha concluido que «ha perdido una buena oportunidad para disipar las sospechas y no lo ha hecho», sino que «se ha quedado corto».
«Lo que queremos desde el grupo socialista es que la Justicia goce de esa confianza que reclamamos los ciudadanos». «Y no nos ha explicado por qué tres de los cesados eran de la UPF (Carpasoro, López Bernal y Zaragoza)«.
Del grupo de Unidos Podemos, su portavoz, Irene Montero, ha aprovechado su turno para denunciar lo que ha llamado la «mafia del canapé«, una «trama», en la que ha incluido al Gobierno, a parte de la cúpula judicial y al poder económico, a los que ve más preocupados en «tejer redes de complacencia entre los poderosos» en lugar de dotar de medios para luchar contra la corrupción.
Y le ha sugerido realizar una «reforma integral de la Fiscalía para introducir mecanismos que garanticen su autonomía».
Montero ha subrayado que su grupo cree que «la democracia se construye acabando con la impunidad de los criminales y garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición»
José Manuel Villegas, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia.
Por parte de Ciudadanos, su portavoz, José Manuel Villegas ha recordado que su partido le dio «el beneficio de la duda» cuando compareció en el Congreso antes de ser nombrado, pero ahora, después de tres meses, «ha dilapidado el beneficio y solo ha dejado dudas» sobre su imparcialidad.
De su actuación en estos pocos meses a Villegas le parece que Maza es más «un fiscal general del Estado de Gobierno que uno que defiende los intereses generales», y ha concluido, tras oír sus explicaciones, que no ha conseguido disipar sus dudas y que es necesario reformar el estatuto de la Fiscalía. «ha dilapidado el beneficio de la duda y solo ha dejado dudas».
Además, le ha reclamado a Maza que es preciso establecer un barreño claro para los nombramientos, donde primen los criterios de mérito y capacidad.
Los diputados de Compromís, PNV, PDeCat y Esquerra que han respondido a Maza en la comisión tampoco han quedado satisfechos con sus explicaciones y han coincidido en dudar de su imparcialidad a la hora de investigar la corrupción, especialmente en aquellos en los que hay implicados cargos políticos. Donde le han recordado que «el 41% de los españoles considera que hay injerencia en la función judicial en abstracto por parte del Gobierno».
La diputada de PDeCat, Lourdes Ciuró, le ha recordado al fiscal general que hoy era «miércoles de ceniza», un periodo donde los católicos acudir a recibir la ceniza en una señal de humildad, en una señal de fragilidad y sobre todo para proponerse abrir una etapa de conversión, una etapa de renovación y hoy hemos asistido no a un miércoles de ceniza por parte del Ministerio Fiscal, sino a un tratado teórico, político-jurídico de cuáles son las funciones de la Fiscalía».
Por su parte, la diputada del PP María Jesús Moro le ha recordado a Maza que esta comparecencia era «en un contexto menos amable que en su primera comparecencia».
Moro ha criticado a los portavoces de la oposición por su posición, especialmente al PSOE, y ha acusado así a Campo de haber «traspasado los límites de la pataleta injustificada para entrar en la irresponsabilidad», mientras que a Podemos le ha pedido que cese en sus teorías sobre «contubernios judeomasónicos» y «tramas de impunidad», siguiendo el criterio de su jefe de filas.
Moro ha rechazado la idea de Irene Montero de una «purga masiva» en la Fiscalía y ha señalado que donde se ha visto la purga ha sido en «alguna formación» que acaba de tener su congreso, en alusión a Podemos, y en otra que aún no lo ha tenido, en referencia implícita al PSOE.
En su intervención, la portavoz popular ha subrayado que en las once plazas de fiscales de Sala, se mantienen ocho de los anteriores y se nombra a uno nuevo por jubilación del anterior; “a nadie se le ha obligado a dimitir”.
“De todos ellos –ha indicado- cuatro pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, tres son de la Asociación de Fiscales y otros cuatro no están asociados, de los cuales, tres fueron nombrados por el ex fiscal Conde Pumpido”.
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