Al menos 12 viviendas fueron construidas junto al Arroyo Berrenchín, como el del chalet del fiscal decano
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08/3/2017 05:59
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Actualizado: 08/3/2017 08:43
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Al menos 12 viviendas más fueron construidas junto al Arroyo Berrenchín -o sobre él-, en el término municipal de Pepino, población a 8 kilómetros al norte de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, al igual que el chalet que tiene el fiscal decano, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade. En la misma urbanización del Chaparral.
La mayor parte de dichas viviendas se suelen anegar periódicamente, cuando el citado Arroyo Berrenchín recibe las aguas que proceden de la cercana Sierra de San Vicente.
La última inundación sucedió el 25 de febrero de 2010. El Arroyo Berrenchín vio incrementado su caudal tras la fuerte tormenta caída.
Para los residentes, según informaba La Tribuna de Talavera, la situación no es nada nueva. Uno de los afectados, Fernando Dorado, relataba que «se ha producido al menos seis veces en los cinco años que llevo viviendo aquí».
Este tipo de construcciones en esos espacios están prohibidos o restringidos de forma drástica.
Los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas -como el Arroyo Berrenchín-, los lagos, lagunas y embalses superficiales constituyen el dominio público hidráulico, según establece la Ley de Aguas.
Esta ley define, de forma clara, una llamada «zona de servidumbre», que es una franja de 5 metros a cada lado del Arroyo mencionado -en este caso-, y una «zona de policía», que es una franja de 100 metros a cada lado del cauce.
La construcción de viviendas está expresamente prohibida tanto sobre los cauces de los arroyos como en la «zona de servidumbre».
En la «zona de policía» las edificaciones están sujetas a autorización expresa, en este caso por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el organismo al que le corresponde gestionar las aguas de la parte española de la cuenca del Tajo.
Es un organismo autónomo, con plena autonomía funcional, aunque adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por su ubicación, según un informe llevado a cabo por Ecologistas en Acción, la vivienda del fiscal decano, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del Arroyo Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación.
«La afección a la zona de servidumbre sería equivalente a la diferencia de los 5 metros de distancia al cauce que conforma la zona con la distancia entre el muro de la vivienda y el propio cauce. Estimativamente, una franja de al menos dos metros de la cara oeste de la vivienda se encontraría ocupando la zona de servidumbre del D.P.H.», dicen Ecologistas en Acción.
«El resto de la vivienda, descontando esta franja se encontraría en zona de policía del arroyo de la Fuente o de Berrenchín», añaden.
Un punto del que discrepa el fiscal decano, quien afirma que tiene todas las autorizaciones en regla, a pesar de que, como se ha sabido recientemente, la CHT dictó una resolución el 6 de marzo de 2009 «imponiendo la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas».
Delimitación de los principales espacios fluviales establecidos en la normativa de aguas. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
¿Por qué estas irregularidades?
Según una denuncia presentada el pasado 8 de septiembre por un grupo de vecinos de Pepino ante la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Confilegal, «Durante casi dos décadas las diferentes Corporaciones Municipales que han regido el Ayuntamiento de Pepino han venido concediendo de manera habitual gran cantidad de licencias urbanísticas de obra, segregación o actividad, en contra d ellas determinaciones de la normativa urbanística o medioambiental vigente, contraviniendo además de manera constante el sentido de los preceptivos informes técnico y jurídico emitidos por los funcionarios municipales».
Esto explicaría la situación en la que se encuentran muchos de los chalets construidos directamente sobre el dominio público hidráulico Arroyo Berrenchín, en su «zona de servidumbre» o en su «zona de policía», ante la que la Confederación Hidrográfica del Tajo debería haber tomado medidas.
Según afirman estos vecinos, los representantes municipales han convertido «la concesión de licencias en un acto completamente arbitrario o discrecional, en lugar del acto reglado que realmente es».
Y añaden: «Esta forma de proceder, que ha ocasionado una serie de daños medioambientales y urbanísticos que serán muy difíciles de corregir, tales como la concesión de licencias de edificación en zona verde, en zona de dominio público hidráulico, en suelos rústicos o urbanizables que no cuentan con los necesarios servicios urbanísticos o licencias de edificación de viviendas de venta libre en parcelas destinadas por ley a vivienda protegida, es del todo premeditada por los miembros de las diferentes Corporaciones Municipales del Ayuntamiento de Pepino, quienes no duda en ‘saltarse las leyes a la torera’, excusándose en un posible beneficio genial para el pueblo».
Para apoyar sus palabras aportan un número de actas, en las que se conceden licencias de obra por unanimidad con los informes desfavorables del arquitecto municipal y de la secretaria municipal, en la mayor parte de los casos.
Entre ellas destaca la del 30 de marzo de 2001 del Pleno de la Corporación Municipal en la que se debate la concesión de una licencia para la construcción de una nave industrial sin uso conocido. Concesión a la que finalmente se da luz verde.
Los intervinientes dejan perlas como estas: «el cumplimiento estricto de la legislación lo único que consigue es la paralización de la expansión urbanística del término municipal de Pepino».
«La posible expansión que ha experimentado el pueblo y las urbanizaciones existentes, en gran medida se debe a que no se acata la ley en los términos que en los textos legales se determinan», o «como representantes de los vecinos, ‘deben mojarse y dar la cara’ en la toma de decisiones independientemente de lo que se establezca en las leyes».
Entre 1983 y 2007 el Ayuntamiento de Pepino ha estado regido por el PSOE en dos fases.
La primera, entre 1987 y 1991, con Eleuterio Jiménez Castro como alcalde, y desde 1991 y 2007, con Pedro Velasco Sanz al frente del Consistorio. Entre 2007 y 2011 gobernó Vicente Casitas Muñoz, independiente (AIP), y desde 2011 es el popular Inocencio Gil el que ocupa el sillón del primer edil, con mayoría absoluta, en un Ayuntamiento de 2801 habitantes.
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