La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ordenó en 2009, al fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, demoler el chalet que tiene construido en la población de Pepino, colindante con la ciudad mencionada, al estar construido en «zona de policía» del cauce del Arroyo Berrenchín.
La Resolución fue dictada, según la CHT, el 6 de marzo de 2009, «imponiendo la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras o autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado».
Esto último, al parecer, no se ha producido.
Un año antes, el 14 de noviembre de 2008, la misma CHT le incoó, asimismo, un expediente sancionador -D-3068-, que lleva fecha de 14 de noviembre de 2008, «por limpieza del cauce de Arroyo Berrenchín y obras de construcción de una vivienda en zona de policía del citado cauce en el término municipal de Pepino, Toledo, sin autorización administrativa de este organismo». Y le impuso una multa de 1.200 euros en la persona de la esposa del fiscal decano, María García, que figura como copropietaria del inmueble.
A pesar de la mencionada Resolución no se ha hecho nada al respecto.
Ecologistas en Acción realizó un informe sobre el mencionado chalet en el que decía que «Por su ubicación, la vivienda de la parcela nº 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación».
Según el diario “El Mundo”, que ayer informó también sobre este asunto, el entorno del fiscal “asegura que todas las autorizaciones y permisos están absolutamente en regla”.
El TSJCLM tendrá que investigarlo
Le corresponderá ahora a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al ser De la Cruz Andrade un aforado, el investigar y determinar si el funcionario público mencionado puede ser responsable de un supuesto delito medioambiental, otro contra la ordenación del territorio y un tercero de blanqueo de capitales.
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Talavera, María del Carmen Pozuelo Sánchez, incoó recientemente diligencias previas por el procedimiento abreviado contra de la Cruz Andrade, tales supuestos delitos en base a la denuncia previa presentada por el magistrado Fernando Presencia, cuya defensa letrada ostenta el despacho del abogado José María Garzón.
Presencia afirma que la construcción del chalet del mencionado fiscal jefe se realizó en zona prohibida, junto al Arroyo Berrenchín, en la localidad de Pepino, colindante con la ciudad mencionada.
La denuncia también comprende al presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez-Sánchez, y al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de esa misma ciudad, Juan Ramón Brigidiano Martínez, a los que relaciona Presencia con los hechos, de acuerdo con un auto de esta magistrada fechado el 10 de febrero y al que ha tenido acceso Confilegal.
La magistrada Pozuelo Sánchez fue la misma que admitió a trámite la denuncia de Presencia contra la jueza sustituta, María Soledad Losana de los Reyes, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2, por una supuesta prevaricación por no investigar la denuncia contra el fiscal citado y los dos magistrados y ordenar la detención del magistrado Presencia el pasado 1 de febrero.
Las mismas fuentes citadas por El Mundo, denuncian «una persecución al fiscal» por parte del magistrado Fernando Presencia.
