500 juristas catalanes, entre ellos los abogados de Homs, defienden que el referéndum es constitucional
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23/3/2017 05:59
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Actualizado: 22/3/2017 22:26
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500 juristas catalanes suscriben un manifiesto donde reivindican que un referéndum sobre el futuro de Cataluña como comunidad política cabe en el marco constitucional porque España, como Estado de derecho y democrático, tiene «instrumentos suficientes para dar salida a este conflicto».
Bajo el lema «El Derecho por la convivencia«, profesores de universidad, abogados, procuradores, notarios, registradores, letrados de las diferentes administraciones y otros juristas, reclaman poder decidir su futuro como comunidad política a través de un procedimiento democrático. Por ello, entienden que «una negativa continuada del Estado legitimaría abrir otras vías para que la ciudadanía de Cataluña expresara cómo quiere decidir su futuro».
El manifiesto, promovido por un grupo de juristas, algunos de ellos vinculado al Col·lectiu Praga, afirma que la celebración del referéndum no sólo es legítima por ser reclamada por una inmensa mayoría de catalanes, sino también legal porque «el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña arranca de la Constitución española y de la ponderación de sus principios estructurales: el de Estado de derecho y democrático, junto con el de unidad y soberanía del pueblo español».
Los citados juristas razonan que el marco constitucional vigente, desde su principio democrático, se ampara en que la ciudadanía de Cataluña pueda discrepar abiertamente del mismo orden constitucional y, por lo tanto, también de la unidad territorial. En este sentido, recuerdan los casos de Quebec y Escocia, y entienden que los ciudadanos pueden formular propuestas alternativas a través de un procedimiento como el referéndum y negociar la aplicación del resultado con los responsables del Estado español
«Por eso mismo, la celebración del referéndum también es jurídicamente exigible al Estado», recoge el manifiesto, que también subraya que el derecho no debe ser una instrumento impeditivo para una sociedad sino una herramienta capaz de canalizar las inquietudes de la ciudadanía.
LOS FIRMANTES
Entre los impulsores del manifiesto está el decano del Colegio de Abogados de Manresa, Abel Pie; la catedrática de derecho Constitucional de la UAB, Mercè Barceló; el ex decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Samper, el catedrático de Derecho Administrativo de la UAB, Joaquim Ferret; el catedrático de Derecho Constitucional de la UB, Enoch Albertí; el presidente de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Josep Cruanyes, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt, presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Pilar Rebaque.
También lo suscriben los abogados de Francesc Homs en la causa del 9N, Eva Labarta y Sergi Blázquez, presidente de Associació d’advocats Drets; la presidenta de Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, Mireia Casals; el ex decano del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, Josep Masó; o la abogada de la Generalitat, Dolors Feliu, entre otros.
MANIFIESTO CONTRARIO
Este manifiesto se da a conocer después de que esta misma semana otros 200 juristas hayan presentado otro, de argumentos contrarios, que avisa de que «no hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley», y de que los marcos jurídicos deben evolucionar, pacíficamente, dentro de los ámbitos previstos para adaptarse a los nuevos tiempos y las necesidades básicas de los ciudadanos.
«Resulta preocupante constatar cómo últimamente, en especial desde algunos medios y sectores, se vienen utilizando en el debate público términos y conceptos jurídicos sin el mínimo rigor exigible», recalca este otro escrito presentado en rueda de prensa por el expresidente del Consell de l’Advocacia Catalana Pere Lluís Huguet.
Ese otro manifiesto lo suscribieron entre otros el exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay; el expresidente de la Audiencia de Barcelona Javier Béjar; el exdelegado de la Generalitat en Madrid y abogado Jordi Casas, y varios exdecanos de colegios de abogados catalanes.
Otros firmantes son el exrector de la UPF Josep Joan Moreso; el catedrático de Derecho Procesal de la UAB Javier Manuel Cachón; el ex catedrático de Derecho Civil de la UB Agustín Luna y el abogado Manuel Duran (CONFILEGAL/EP)
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