Empezamos el año con la publicación el 2 de enero de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ley que reforma íntegramente la Administración de justicia con dos ejes principales, la trasformación de los Juzgados en Tribunales y el establecer como requisito de procedibilidad la utilización de medios adecuados para la solución de conflictos, entre otros muchos ámbitos.
Si bien existe un consenso en la necesidad de reformar la estructura de nuestra justicia, cabe recordar que la actual data de finales del siglo XIX, esta no era la forma de hacerlo.
Una reforma de este calado merece consenso y diálogo, no solo con la oposición sino también con los principales operadores jurídicos.
Una reforma integral de la estructura judicial tiene que estar diseñada para perdurar en el tiempo y, por ello, debe reforzar la independencia judicial, preservando a la justicia de los vaivenes políticos, sin imponer sectarismos partidistas, inversamente a lo que ha hecho el PSOE y sus socios.
La justicia es el elemento esencial de un estado de derecho y, por ello, su reforma requiere capacidad de diálogo, de la que ha carecido nuestro gobierno y en especial el ministro de Justicia.
Bolaños se empeñó en sacar una ley a toda costa, sin aceptar importantes y necesarias propuestas de mejora, 200 enmiendas, de quien es el principal partido de España simplemente porque venían del Partido Popular.
Bolaños ha convertido el legislativo en una especie de guerra donde aceptar propuestas de la oposición es perder una batalla, haciendo de la imposición su marca distintiva.
En su idea de no aceptar ningún dialogo, no solo no ha escuchado a la oposición, tampoco lo ha hecho con los expertos y profesionales de la justicia que, en definitiva, buscaban mejorar la ley.
Como ya anuncio, en el correspondiente pleno del Congreso nuestra portavoz en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro, esta ley solo podía llevar al colapso de los juzgados, y así ha sido, la situación en los juzgados y tribunales es absolutamente critica.
Una Ley sin memoria económica
La mayoría de los denominados operadores jurídicos han manifestado los problemas de la Ley, así como los problemas de una implantación sin memoria económica.
Reformar la justicia requiere medios, trasformar una estructura judicial, con más de un siglo de antigüedad requiere muchos medios y especialmente medios personales, tenemos una tasa de jueces por habitante inferior a la media europea y sin incrementar la plantilla de jueces difícilmente llegaremos a la eficiencia con la que, de manera rimbombante, se ha dado título a la Ley.
Con menos de un año desde la aprobación de la norma ya hay dos resoluciones, aprobadas por una amplia mayoría, una del Parlamento catalán y otra del Congreso, instando al gobierno a reformarla, esta es la consecuencia de la forma de legislar del PSOE, su sectarismo e imposición por delante del bien común.
Otra de las graves cuestiones que sin duda marcarán el 2025 en los anales de la historia judicial de nuestro país, son los ataques a la independencia judicial provenientes del gobierno de Sánchez y consecuencia de los procesos por corrupción que afectan a los familiares directos del presidente y al Partido Socialista.
Hemos pasado de la tradicional frase de “No comentamos las resoluciones judiciales”, que reiteraban los miembros del gobierno de cualquier color, por respeto a la independencia y la separación de poderes, a poner en cuestión a los jueces simplemente por investigar a la esposa y al hermano del presidente del gobierno.
Han atacado al juez Peinado desde todos los ámbitos posibles, incluso atribuyéndole dos números de DNI en una noticia falsa a la que el gobierno le dio pábulo, lo han acusado de investigación prospectiva, cuando la Audiencia de Madrid la ha negado, es más, todas las resoluciones del Juez Peinado han sido recurridas a la Audiencia y, prácticamente en su totalidad, han sido corroboradas.
Lo mismo han hecho con la juez que investiga al hermano del presidente, con maniobras orquestadas por la conocida como fontanera del PSOE, para apartarla de la instrucción con recusaciones infundades.
Y todo ello para atacar su independencia, para poner en duda su instrucción, increíblemente desde el mismo gobierno se habló de persecución política. También en este caso el gobierno obvió que todas las resoluciones de la juez fueron confirmadas por la Audiencia Provincial.
Y, finalmente, tenemos la causa contra el Fiscal General, donde se han rebasado todos los límites de la separación de poderes, no solo fue grave ver al gobierno y sus ministros posicionándose contra la sentencia del Tribunal Supremo, lo peor fueron las manifestaciones del presidente y sus ministros previas al juicio, donde prejuzgaban la inocencia del fiscal general y, por lo tanto, incidían directamente a la independencia del tribunal, rompiendo la separación de poderes, pilar de nuestra Constitución.
Como verán no solo ha sido un mal año para la justicia, también para todos los españoles. Socavar la independencia de los tribunales, poner en entredicho sus resoluciones, todo ello orquestado desde el Gobierno, es, sin duda, un paso de consecuencias impredecibles en nuestra democracia, un paso que nos separa del estado de derecho y nos acerca a un régimen autócrata.
