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El imparable avance de la jurisdicción universal

El imparable avance de la jurisdicción universal
Protesta en defensa de los derechos humanos en Ziambabue; el lema en inglés quiere decir "La tortura mata la democracia".
01/4/2017 05:57
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Actualizado: 31/3/2017 20:28
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La jurisdicción universal no ha muerto y no tiene visos de hacerlo. Al menos no lo hará pronto. A pesar de que muchos preconizaban su inminente desaparición con las reformas legislativas que restringieron profundamente su aplicación en España y en Bélgica, no se ha podido detener su imparable avance en la lucha contra la impunidad que la sociedad hizo suya desde hace años.

Fueron las víctimas del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, como miembros de esa sociedad civil, las que agotadas de golpear las puertas de los tribunales de su país decidieron cruzar el océano Atlántico para hallar una respuesta judicial. Fueron también las víctimas del tirano chadiano Hissène Habré las que, inspiradas por la acción del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se propusieron buscar justicia también fuera de sus fronteras. En el primer caso, llegaron a España y en el segundo el destino las llevó hasta Senegal pasando por Bélgica.

En Dakar, nuevamente un juez de instrucción, en este caso, el magistrado Demba Kandji, fue el que abrió las puertas de su juzgado y las invitó a pasar. Este breve repaso por dos de los casos más emblemáticos en aplicación de la jurisdicción universal demuestra la actualidad y frescura de este instrumento de justicia (Hissène Habré fue finalmente condenado a cadena perpetua en mayo de 2016) y el aún latente impacto de un proceso que estalló internacionalmente en 1998.

El informe “Make Way for Justice #3” recopila la actualidad de todos los casos abiertos a día de hoy y que han experimentado algún avance en el último año. Esta compilación saca a relucir una vez más la vigencia de la jurisdicción universal en todo el mundo.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) no quería perderse la cita con otras organizaciones de reconocido prestigio en la promoción de los derechos humanos como TRIAL, REDRESS, FIDH o ECCHR. Es la segunda ocasión en que FIBGAR participa en esta iniciativa que encaja con su más profunda vocación: luchar contra la impunidad a través de la promoción de la jurisdicción universal dentro y fuera de España.

Al abrir el informe se puede comprobar cómo hasta 47 casos siguen en curso a día de hoy en 13 países: Bélgica, Suecia, Suiza, Reino Unido, Argentina, Austria, Finlandia, Francia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, España y el ya citado Senegal.

Situación en España

La situación de España es especialmente llamativa. Si hace unos años el capítulo dedicado a este país hubiese ocupado el grueso del informe, ahora vemos cómo tan sólo incluye un caso; el de los jesuitas asesinados en pleno conflicto armado de El Salvador.

El punto de inflexión fue la deriva política que experimentó el Congreso de los Diputados en 2009 y especialmente en 2014. Sendas reformas legislativas que tuvieron por objetivo primero recortar y finalmente aniquilar la jurisdicción universal como vía de escape a las presiones diplomáticas, económicas y políticas que llegaban del exterior.

Todas esas páginas que faltan en el informe del 2017 hablan, precisamente por su propia ausencia, de miles de víctimas tibetanas, ruandesas o guatemaltecas que hace tres años quedaron absolutamente desprotegidas también en el Estado que representaba su última esperanza: España.

Sin embargo, el contexto político vuelve a ser diferente y la nueva dinámica parlamentaria hace pensar que la recuperación de la jurisdicción universal en la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda ser, más pronto que tarde, una realidad.

Hace escasos meses vimos cómo los grupos parlamentarios de Podemos y del Partido Nacionalista Vasco presentaban proposiciones no de ley que instaban al Congreso de los Diputados a plantearse la derogación de la modificación impulsada por el Partido Popular en marzo de 2014 y recuperar así el instrumento que un día hizo a España colocarse en primera fila de la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, ha sido Esquerra Republicana de Catalunya la formación que finalmente registró una proposición de ley formulando un articulado concreto para restaurar la jurisdicción universal, no sólo en los términos en que estaba vigente según el texto original de la ley en 1985, sino en un formato mucho más avanzado que incluiría nuevos crímenes de persecución universal.

Si bien esta iniciativa puede despertar anhelos y grandes expectativas en el mundo del activismo y del Derecho penal internacional, conviene aportar ciertas notas de realismo y así prever que el conjunto de los partidos políticos en la oposición, para llevar a buen puerto la derogación de la ley de 2014, no llegarán tan lejos y se conformarán con versiones más moderadas de la jurisdicción universal.

Propuesta del PSOE

Ésa es la propuesta del Partido Socialista Obrero Español: recuperar el texto resultante de su reforma de 2009. Si bien no es el modelo más deseable, pues aquél reclamaba algún punto de conexión entre España y el delito para activar la jurisdicción de tribunales españoles (lo cual desvirtúa la propia definición del principio de jurisdicción universal), sí parece ser la opción más factible debido al débil equilibrio parlamentario.

Ésa es la postura que podría aceptar Ciudadanos y también la versión a la que podrían resignarse Podemos, PNV y ERC. Será preciso, en cualquier caso, seguir con detenimiento y atención este proceso legislativo.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón seguirá expectante y fiel a su objetivo de defender los derechos de las víctimas independientemente de su nacionalidad.

Más allá de la implantación de la jurisdicción universal, continuará avanzando en el desarrollo de la necesaria persecución universal de otros graves delitos como el ecocidio o los crímenes de lesa humanidad de naturaleza económica.

Quizás, más pronto que tarde, España vuelva a dar título al capítulo más nutrido del informe que esta semana ha presentado FIBGAR con otras organizaciones.

Quizás España, en no demasiado tiempo, vuelva a ser refugio de víctimas y no de verdugos y tiranos.

Quizás España no tarde demasiado en inspirar de nuevo a los ciudadanos de un país remoto a saciar su sed de justicia más allá de sus fronteras.

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