El doctor y abogado Manuel Ollé, uno de los grandes especialistas en derecho penal internacional y en jurisdicción universal, tiene muy claro lo que supone la celebración del juicio contra dos de los implicados en el asesinato del padre Ellacuría, seis sacerdotes más y dos mujeres, en El Salvador en 1989: «Es un claro aviso para navegantes a nivel mundial. Una prueba de que el principio de jurisdicción universal es aplicable y sigue vigente».
Ollé fue quien, en 2008, interpuso la querella ante la Audiencia Nacional, en nombre de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE) contra el expresidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, el general René Emilio Ponce, el coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, el coronel y exviceministro de Defensa, Inocente Orlando Montano y 11 militares más por los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuria, Ignacio Marín Baró, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y la trabajadora Elba Ramos y su hija de 15 años, Celina.
«Es un juicio muy importante porque se pone fin a 30 años y medio de impunidad. Es la materialización de la justicia tanto para los sacerdotes, como las dos mujeres y para el pueblo salvadoreño«, añade Ollé. «Fueron crímenes de terrorismo de estado en el contexto de crímenes internacionales».
Sin embargo, solo uno de los mencionados, el excoronel del Ejército salvadoreño y exviceministro de Defensa, Inocente Orlando Montano, se sentará en el banquillo de los acusados.
La negativa del Tribunal Supremo salvadoreño a entregarlos lo ha impedido. El Alto Tribunal ha basado su negativa en una interpretación del artículo 5 del tratado de extradición bilateral, que contempla que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y que el periodo para ejercer acciones penales en el caso de homicidios es de diez años.
La orden de detención internacional vigente de la Audiencia Nacional impide que ninguno salga de su país ante el peligro de ser detenidos.
El juicio comenzará mañana lunes, 8 de junio, a las 15 horas, en una de las salas de vistas que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, localidad al oeste de la Comunidad de Madrid, a muy pocos kilómetros de la capital.
Y será a esa hora para poder conectar por videoconferencia con El Salvador, desde donde declararán muchos de los testigos. Las 15 horas en España son las 8 de la mañana en el país centroamericano.
El abogado Manuel Ollé, quien ejerce de acusación particular representando a Cristina y Carlos Marín Baró, hermanos de uno de los sacerdotes asesinados, y de acusación popular, en nombre de la APDHE y de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús, solicita para Montano un total de 240 años de prisión por los 8 asesinatos terroristas.
La fiscal, Teresa Sandoval, pide, por su parte, 150 años de prisión al tribunal que enjuiciará el caso, que estará compuesto por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez.
El excoronel Montano será defendido por el letrado Jorge Agüero Lafora.
Montano, es el único de los mencionados que será juzgado en España. Eso ha sido posible en virtud del tratado de extradición con Estados Unidos.
«Montano participó en la decisión, diseño y ejecución de los asesinatos», resalta el Ministerio Público en su escrito de acusación, en el que, además, subraya que formó parte de «una estructura al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas».
Cuando España pidió su entrega, Montano se encontraba cumpliendo una condena de 21 meses de prisión en un centro penitenciario de Carolina del Norte, Estados Unidos, tras haber sido condenado por tres delitos de fraude migratorio y tres de perjurio en 2013.
Montano llegó a Boston, Estados Unidos, en 2000, donde permaneció hasta 2011. Ese año fue detenido tras descubrirse que mintió cuando afirmó que no había tenido ninguna relación con las fuerzas de seguridad.
DETENIDO GRACIAS A LA ORDEN INTERNACIONAL CURSADA POR ELOY VELASCO
La orden internacional de detención, ordenada por Velasco a través de Interpol, llegó durante ese periodo de reclusión, en 2015.
Su entrega no fue inmediata. Se necesitaron casi dos años y mucha paciencia, un procedimiento en el que jugó un importante y discreto papel el entonces juez de enlace de España, Jorge Carrera.
En noviembre de 2017 Montano llegó a Madrid, donde ha permanecido en prisión hasta ahora.
Se prevé que el juicio dure diez sesiones. En las mismas declararán entre 35 y 40 personas, entre peritos y testigos.
Uno de ellos será, por videoconferencia desde Chile, el exteniente del Ejército, Yushi René Mendoza Valdecillos, uno de los miembros del comando que acabaron a tiros con las ocho personas.
Su colaboración y su testimonio, como testigo directo de los hechos –fue miembro del comando que llevó a cabo los asesinatos– ante el magistrado instructor del caso, Eloy Velasco, ha sido de enorme ayuda porque ha ayudado a esclarecer finalmente lo que sucedió la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la sede de la Universidad Centro Americana (UCA) de El Salvador, de la que era rector Ellacuría.
El doctor Ollé, a pesar de todo, solicita 8 años de cárcel para Mendoza Valdecillos, un año por cada muerte.
Para mañana lunes, están convocados los miembros de la delegación del Congreso de los Diputados que asistió a la farsa de juicio que tuvo lugar en 1991 en El Salvador contra los encausados.
Estos son José Luis Navarro Pinar, Enrique Arnaldo Alcubilla, Manuel García Fonseca, Joseba Mirena Zubia Achaerandio, Pere Balta i Llopart, y José María Tamarit Sumalla, actualmente catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Lleida, quien se desplazó a ese país centroamericano para asistir al proceso y hacer un informe para nuestro gobierno.
Dos de los convocados no podrán hacerlo porque han fallecido. Son Fernando Álvarez de Miranda y Francisco Cádiz Deleito, embajador de España en El Salvador desde 1989 hasta 1991.
