La salida del Reino Unido de la Unión va a tener una consecuencia directa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): sus tres miembros, dos jueces y una abogada general, tendrán que abandonar su actual destino en este alto tribunal a lo largo de los próximos dos años, que es lo que se calcula que durará el «proceso de divorcio».
Por las declaraciones, pronunciadas por los líderes de la UE, esto va a suceder antes que tarde, tras activar el Reino Unido el artículo 50 del Tratado de Lisboa.
Esto va a suponer que los magistrados del Reino unido que representan a su país en el TJUE, Christopher Vajda, de 61 años, Ian Stewart Forrester, de 70 años, y Eleanor Sharpston, de 61 años, perderán esa condición próximamente.
Se produce así una situación inédita. Porque durante 64 años el Reino Unido ha venido aplicando el derecho de la UE en su territorio. Un derecho que está entretejido con el suyo propio y que, hasta ahora, ha sido su referente. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Lo único que hay es incertidumbre.
El TJUE, presido en la actualidad por el belga Koen Lenaerts, fue creado en 1952 y el Tratado de Lisboa amplió su alcance jurisdiccional.
Tiene como misión controlar la legalidad de los actos de las instituciones que conforman la UE, velar porque los estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los tratados e interpreta el derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales.
Algunas de las cuestiones prejudiciales planteadas por magistrados españoles han tenido una amplia repercusión, como la nulidad de las cláusulas suelo, de las cláusulas abusivas en contratos hipotecarios o la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, por citar algunos.
Hasta ahora, el TJUE ha estado compuesto por 63 jueces, divididos en dos tribunales, que tienen diferentes denominaciones: el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.
28 de esos jueces sirven en el Tribunal General (antes denominado Tribunal de Primera Instancia), cuya competencia se circunscribe a la resolución de determinadas demandas presentadas por particulares, empresas, organizaciones y asuntos de competencia.
Cada uno de esos jueces es nombrado por el gobierno respectivo de cada país de la Unión.
El escocés Ian Stewart Forrester sirve, desde septiembre de 2015, en el Tribunal General, por designación del gobierno británico, y tenía mandato de seis años -como todos, y renovable- hasta 2020.
La instancia superior se denomina Tribunal de Justicia y está formada, también, por 28 jueces.
En ella cumple su cometido el inglés Christopher Vajda desde octubre de 2012.
El Reino Unido también cuenta con uno de los once abogados generales del TJUE, la jurista inglesa -como Vajda- Eleanor Sharpston, cuya función es la de asistir a los magistrados desde 2006.
Seis de los once abogados generales son elegidos por Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido; los cinco restantes son nombrados por los 22 países restantes por orden alfabético.
La figura del abogado general nada tiene que ver con los abogados, fiscales o abogados del Estado españoles.
Aunque no toman parte en las deliberaciones del Tribunal, su función es la de aportar su opinión jurídica con imparcialidad e independencia a través de dictámenes; la mayor parte de las veces, el tribunal falla en la línea del abogado general.
EL MAYOR HONOR
Para cualquier jurista de los 28 países de la UE ser elegido para formar parte del TJUE supone la mayor culminación a su carrera profesional, por el prestigio y reconocimiento internacional que ello conlleva.
España cuenta con cuatro representantes en el TJUE: Rosario Silva de Lapuerta, magistrada desde 2003 en el Tribunal de Justicia, Manuel Campo Sánchez-Bordona, abogado general desde septiembre de 2015, Ignacio Ulloa Rubio -en el Tribunal General-, desde septiembre de 2013, y Alfredo Calot Escobar, secretario del Tribunal de Justicia desde octubre de 2010.
