Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. (EP)
El Gobierno de Cifuentes se personará como acusación particular en la Operación Lezo
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24/4/2017 04:58
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Actualizado: 23/4/2017 20:35
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La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha dado instrucciones para que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular en la denominada Operación Lezo, en la que se encuentra implicado su antecesor Ignacio González, en prisión desde el pasado viernes, ha informado el Gobierno regional.
Esta decisión ha sido adoptada a la vista del criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que ha puesto de relieve que las irregularidades investigadas afectan a diferentes organismos de la Administración regional, y de las mismas puede derivarse un perjuicio patrimonial para la propia Comunidad.
Así, en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seguirá a partir de ahora la evolución de las investigaciones, para personarse en el momento procesal oportuno, ha explicado el Gobierno regional.
Según ha destacado el Ejecutivo de Cifuentes, «esta actuación viene a sumarse a la llevada a cabo el pasado año, cuando se dio traslado a la Fiscalía de un amplio informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito».
«La tolerancia cero con la corrupción significa defender los intereses de los madrileños, también en los tribunales», ha indicado Cristina Cifuentes en un mensaje en la red social Twitter.
Con anterioridad, el Gobierno regional se ha personado en los casos de las tramas Púnica y Gürtel, «para defender los intereses de los madrileños».
El pasado miércoles, tras la detención de González en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Cristina Cifuentes declaró en calidad de testigo.
También lo hicieron su jefa de Gabinete, Marisa González, y el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, actual presidente del ente Canal de Isabel II.
El juez Eloy Velasco, instructor del caso, cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso del Canal de Isabel II ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual), tan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao, una de las que se investigan.
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