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Una visión económica de las políticas «Open Data» (II)

Una visión económica de las políticas «Open Data» (II)
Javier Puyol es el socio director de Puyol Abogados, una boutique legal especializada en el mundo de las nuevas tecnologías y el cumplimiento normativo. Confilegal.
07/5/2017 04:58
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Actualizado: 07/5/2017 03:10
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La liberación de datos supone también un potencial económico ya que constituye una base esencial para muchos productos de información digital. Es imprescindible asegurar la reutilización eficiente de la información pública para poder aprovechar todo su potencial y desarrollar nuevos productos, servicios y mercados que logren un mayor desarrollo económico y mayor creación de puestos de trabajo, tal como explicaba en mi anterior artículo. 

Los objetivos económicos que cualquier desarrollo “Open Data” debe representar, el cumplimiento y desarrollo de los siguientes objetivos:

a). El hecho de generar valor y riqueza, obteniendo productos derivados de los datos por parte de terceros.

b). La necesidad de generar transparencia, replicando los datos para analizar y evaluar la gestión pública.

c). La exigencia de facilitar la interoperabilidad entre administraciones, creando servicios, que utilicen datos de diferentes Administraciones

d). Y finalmente, la ordenación interna de la información de la Administración, promoviendo la eficiencia en la documentación y clasificación de los datos.

En tal sentido, debe traerse a colación lo manifestado por el llamado “PAe”, donde se ha puesto de manifiesto como la reutilización de la información del Sector Público (RISP) consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público, con fines comerciales o no.

Por ello, debe ser destacado, sin perjuicio, de que más adelante, en el desarrollo de estas reflexiones se incida con una mayor profundidad sobre el destino de los datos objeto de tratamiento público, que dicho Portal Tecnológico abre la puerta a la posibilidad, de que uno de los objetivos que pueda incardinarse en la política de datos abiertos sea el de la de su utilización comercial, por parte de los particulares, sean estos personas físicas o jurídicas.

Para que todo ello sea efectivamente posible, aunque no se señale de manera expresa en el concepto de “Open Data”, un elemento de singular importancia es la posibilidad de que por parte de las Administraciones Públicas puede procederse de manera directa a ofrecer en este proceso la información representada mediante dichos datos, en lugar de elaborar documentos, lo cual se considera tanto desde una perspectiva de presente como de futuro, como la opción más abierta y eficiente, tanto para dichas Administraciones como incluso para los propios ciudadanos o las empresas.

Como antes se ha indicado, los primeros pasos relativos a la reutilización de los datos del Sector Público, comenzó en el año 2009, mediante el Proyecto denominado “Aporta”, el cual tenía como principal objetivo el de fomentar la cultura de la reutilización de la información de las Administraciones, así como difundir su valor social y económico.

El Proyecto “Aporta” se desarrolló de acuerdo con las pautas marcadas por la estrategia para el desarrollo de la economía y de sociedad digital del Gobierno de España, mediante el Plan Avanza, y a partir del año 2.011, a través de la puesta en marcha de la Agenda Digital para España.

Como fundamento de ello, se piensa que la Reutilización de la Información del Sector Público (“RISP”) presenta un considerable potencial económico, ya que permite desarrollar nuevos productos, servicios y mercados.

Interrelación «Open Data» y «RISP»

Los términos “Open Data” y “RISP” están muy interrelacionados. En ambos casos, se trata de poner a disposición de la sociedad datos «en bruto» que mantenga la Administración. Y aunque dichos términos puedan parecer similares, el concepto de “Datos Abiertos” persigue ofrecer los mismos en formatos completamente libres (no propietarios), y no se contempla el pago por el uso de datos (deben ser gratuitos). Sin embargo, la RISP prevé la posibilidad del pago por el uso de estos datos, y además su publicación por medio de cualquier formato.

Una de sus finalidades primordiales de todo ello, consiste en el fomento del desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales. Adicionalmente, la puesta a disposición de la información pública por parte de las Administraciones Públicas incrementa la transparencia administrativa, teniendo un efecto de refuerzo de los valores democráticos y habilitando con ello la participación ciudadana en las políticas públicas.

Todo ello lleva a la exigencia de las Administraciones a informar sobre las políticas públicas, y sobre todos los aspectos relativos a la regulación o a la organización administrativa, de tal modo que exista un conocimiento claro de la actividad de reutilización de la información, con el objetivo de sensibilizar a todos los operadores implicados sobre el valor económico de los datos públicos.

El impulso legislativo y la transformación sufrida por nuestra sociedad por la generalización del uso de las tecnologías de la información, ha abierto la puerta a modificar la relación ciudadano-administración mediante la publicación sistemática de informaciones de la gestión pública.

Esta no es vista únicamente como un elemento indispensable para el desarrollo de la actividad administrativa; sino que es considerada también como un importante activo cuya reutilización por parte de empresas puede impulsar la actividad económica y la creación de riqueza.

Debe considerarse, a tal efecto, valores, como  los representados por la necesidad de la  transparencia, de la participación, del servicio, y de la eficiencia, teniendo en cuenta, que dicha actividad está orientada al acceso en régimen abierto a dichos datos con la finalidad de posibilitar la redistribución, reutilización y aprovechamiento de los mismos con una gran amplitud de fines, incluidos los de carácter comercial, como antes se hizo alusión, a los efectos de que dicha información pueda ser puesta globalmente a disposición de los ciudadanos y las empresas.

Reutilizables

En este orden de cosas, debe prestarse una especial atención a los problemas que las técnicas “Open Data” llevan consigo, y que es preciso darles una solución técnica y jurídica adecuada, y para ello es preciso hacer referencia a la necesidad de la utilización en estos procesos de formatos que tengan el carácter de “reutilizables”.

Ello, consiste en poner la información del sector público en bruto y en formatos estándar abiertos, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización  para cualquier clase de finalidad.  En este sentido, hay que tener presente que la gran mayoría de la información que tienen dichas Administraciones se encuentra en distintos formatos digitales, y ello, representa una cuestión que debe ser solventada en todo proyecto de “Open Data”, que deba ser puesto en marcha.

 Los datos adquiridos por las Administraciones en el ejercicio de sus legítimas competencias administrativas, tienen la oportunidad de tener un destino alternativo, por el que inicialmente fueron obtenidos por dichas Administraciones, es decir, que los mismos puedan desempeñar una función diferente a la que inicialmente tenían asignada. En ello se basa la esencia del nuevo concepto de la reutilización de los datos por parte del Sector Público. En este novedoso proceso al que se va a ser sometida dicha información, que exige que ello se produzca siempre de manera ordenada, y siguiendo criterios de prioridad.

Debe tenerse en cuenta que la progresiva implantación de sistemas de información para la gestión interna de empresas y administraciones ha transformado radicalmente el modelo de funcionamiento de las Administraciones Públicas en un proceso paulatino pero constante durante los últimos 30 años, y es de esperar que dicha transformación produzca mayores efectos en los próximos años, a consecuencia del avance de la técnica,  y del desarrollo de las prácticas sociales vinculadas al uso de la tecnología, que indudablemente tendrá su repercusión, como ya está sucediendo tanto en el nacimiento de nuevas normas jurídicas, como en el propio funcionamiento de la Administración, a consecuencia de todos estos factores de incidencia a los que se ha hecho alusión.

Generalización de la conectividad

Por el contrario, más reciente ha sido el fenómeno de la generalización de la conectividad tanto de ciudadanos como de empresas con las Administraciones, posibilitando así su relación directa, y que ha traído como consecuencia actividades tales como: el comercio electrónico y la Administración electrónica. Estas dos circunstancias, además de otros condicionamientos sociales dirigidos hacia la transparencia de las Administraciones y las empresas, son las que han impulsado el nacimiento primero, y el desarrollo después del “Open Data”, en los términos en los cuales se encuentra configurado actualmente.

Para asegurar que se está hablando de manera efectiva de “Datos Abiertos”, y no de un sucedáneo que no entraría dentro de la filosofía real del concepto de “Open Data”, es necesario que se los datos ofrecidos por parte de las Administraciones Públicas a los ciudadanos y a las empresas cumplan los siguientes principios:

a). Los datos han de ser de carácter público.

Se deben abrir todos los datos de carácter público (todos aquellos, claro está, que no estén sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o derechos de autor). Así, no debería existir alguna otra traba por parte de la Administración a la hora de decidir qué datos es pertinente publicar.

b). Los datos han de ser detallados.

Hay que publicar los datos tal y como están en su origen, sin procesar y, por tanto, manteniendo el mayor nivel de detalle posible, lo que se conoce como datos en bruto.

c). Los datos han de encontrarse permanente actualizados.

Los datos deben ser puestos a disposición de los usuarios con la frecuencia necesaria para que no pierdan su valor y sean precisos y actuales.

d). Los datos han de ser accesibles.

Hay que hacer accesibles los datos al mayor número de usuarios posible. No debería existir ninguna restricción para todos aquellos que quieran hacer uso de los datos, ni en el propósito de uso.

e). Los datos han de ser automatizados

Los datos deben estar estructurados para que puedan ser procesadas de forma automática por un ordenador. Esta es una condición muy importante para que se puedan reutilizar los datos de una forma automática.

f). Los datos deben encontrarse sin registro.

Los datos deben estar disponibles para todos, sin necesidad de identificarse previamente.

g). Los datos deben ser abiertos.

Los formatos de los datos deben ser no propietarios; es decir, no pueden depender de una entidad o de una herramienta propietaria de una entidad. Como ejemplo, un formato abierto sería CSV o XML, mientras que formatos propietarios serían Word, Excel, etc.

h). Los datos han de ser libres.

Los datos deben ser de uso 100 % libre para los usuarios. Así, los datos deben estar libres de derechos, patentes, copyright y no estar sujetos a derechos de privacidad, seguridad o privilegios que puedan estar regladas por otras normas.

 

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